Nuevo robo de computadores a funcionarios del Gobierno de Boric, esta vez de Interior

Un nuevo robo vinculado al entorno del Gobierno de Gabriel Boric se ha registrado la tarde de este domingo. A diferencia de la ola de vulneraciones que se han producido en las últimas semanas en recintos estatales, esta vez el delito ocurrió en la casa particular de un funcionario público: Rafael Collado, jefe jurídico del ministerio del interior, la cartera liderada por Carolina Tohá. La sustracción incluyó dos computadores, un iPad, tres auriculares y la credencial del trabajador, según la información preliminar citada por los medios locales.

Ninguno de los ordenadores sustraídos esta tarde de la casa de Collado cuando se encontraba vacía era el institucional del jefe jurídico de Interior y su credencial ya ha sido bloqueada, según informa Emol. La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de las pesquisas.

Desde el pasado 20 de julio se conoció que un grupo de delincuentes robó 24 computadores y una caja fuerte del ministerio de Desarrollo Social -todo ya ha sido recuperado-, se han registrado una decena de hurtos o intentos de asalto a sedes ministeriales, subsecretarías, unidades estatales y hasta el propio Ministerio Público. “No es común que hayan ocurrido tantos robos de computadores en ministerios, a autoridades del Ejecutivo en un periodo tan variable en el cual se están investigando casos sensibles como el de fundaciones”, sostuvo esta noche el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

El robo en el ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Giorgio Jackson, encendió todas las alarmas porque se produjo en medio del caso Convenios, la trama investigada por la Fiscalía para traspasar millonarios fondos del Estado a fundaciones sin fines de lucro. El caso que destapó el escándalo fue el de una fundación ligada al partido Revolución Democrática, del que Jackson fue fundador y uno de sus principales líderes. Las presiones para que el presidente Boric prescinda de su compañero de ruta ya no solo vienen de la derecha, sino también de algunos parlamentarios oficialistas, de la Cámara de Diputados en su conjunto –que aprobó en la semana una declaración– y del empresariado.

Aunque aún continúan las pesquisas sobre el robo de los ordenadores, el 91% de los encuestados por la consultora Black & White cree que el ilícito tuvo “alguna intención política”, mientras que el 9% cree que se trata de un robo común. Tres cuartos de los consultados afirmó que el robo tenía que ver con el caso Convenios. Entre los encuestados por Pulso Ciudadano-UDD, un 61% considera que fue un “robo o montaje para eliminar evidencias”, un 25% que fue “pensado para perjudicar al ministro Jackson y/o Gobierno” y apenas un 6% que fue un robo común.

El Consejo del Estado, (CDE), organismo que representa en Chile los intereses del Fisco, presentó una querella criminal en contra de Miguel Ángel Apablaza, conocido como Negro chico, y su abuela Elena Rojas Crespo, hasta ahora los dos únicos imputados por el robo. Apablaza, de 24 años, y quien se encuentra privado de libertad en una cárcel de Santiago, suplantó al ministro Jackson a través un llamado telefónico realizado a los guardias del ministerio y les señaló que unos supuestos sobrinos irían a fumigar el edificio. Hasta ahora la tesis que prevalece es que los empleados del edificio cayeron en el llamado cuento del tío.