La herida constitucional en Chile

En tres meses se cumple el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado en Chile, que instaló una dictadura cívico militar que a lo menos –según cifras oficiales– torturó a 28.459 personas, ejecutó a 2.125 y desapareció a 1.102, y dejó como legado una Constitución que pese ha haber sido modificada en más de 50 oportunidades, sigue siendo la Constitución del 80 en su esencia.

Este problema constitucional fue abordado en la reforma del 2005 por el presidente Ricardo Lagos, de tradición histórica socialista, quien declaró el 2020 estar insatisfecho con la Carta Magna, pues seguía siendo u...

En tres meses se cumple el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado en Chile, que instaló una dictadura cívico militar que a lo menos –según cifras oficiales– torturó a 28.459 personas, ejecutó a 2.125 y desapareció a 1.102, y dejó como legado una Constitución que pese ha haber sido modificada en más de 50 oportunidades, sigue siendo la Constitución del 80 en su esencia.

Este problema constitucional fue abordado en la reforma del 2005 por el presidente Ricardo Lagos, de tradición histórica socialista, quien declaró el 2020 estar insatisfecho con la Carta Magna, pues seguía siendo un “remanente” de la dictadura. La presidenta Michelle Bachelet, también socialista, el año 2018 antes de finalizar su segundo Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto para una nueva Constitución que quedó en un cajón, luego de que el Ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera señalara sin titubeos: “No queremos que avance el proyecto de nueva Constitución presentado por Michelle Bachelet”.

Así la herida constitucional se arrastró hasta la crisis institucional del 2019 que terminó con un acuerdo entre gallos y media noche, que habilitó por primera vez un proceso democrático para redactar una nueva Constitución por una Convención Constitucional, no reformando la vigente, sino que partiendo desde una hoja en blanco. Luego de terminados los plazos, frente a la propuesta el pueblo fue claro y la rechazó.

Este resultado se explica por múltiples causas, y ninguna lo hace por sí sola. Por un lado, elementos internos del órgano: excesos y faltas de decoro para la dignidad del cargo que lograron distraer lo atención de los avances institucionales propuestos como el establecimiento de un Estado Social de derecho e innovaciones en materia ambiental. Esto sumado a una mayoría holgada de simpatizantes de distintas izquierdas que pudimos acordar con el quórum requerido de 2/3 gran parte de las normas prescindiendo de los votos de las derechas (incluso de las más moderadas), cuestión que no favoreció la transversalidad.

Estos elementos internos se entremezclaron con otros externos: una crispación del ánimo y una polarización social que permeaba cada una de las discusiones, subiendo el tono del debate fomentado por la luz de las cámaras y las redes sociales ávidas de entretención. Con un proceso diseñado con una elección de constituyentes con voto voluntario, y un plebiscito de salida con voto obligatorio. Así el texto final fue sancionado por más de 13 millones de personas, y los redactores de esta propuesta fueron elegidos en una elección con menos de la mitad de los votos. Todo lo anterior en un contexto de evidente falta de información y trivialización de las discusiones políticas, interpretaciones torcidas y catastrofistas de las normas propuestas, fake news corriendo a raudales al puro estilo de las campañas del Brexit, Bolsonaro o Trump, que se hacían creíbles para muchos frente a un órgano que se ganó el descredito con el paso de los meses, con una campaña de comunicación de relojería que logró imponerse con holgura en el plebiscito de salida. Y así volvimos al principio: la herida constitucional abierta.

Con mucho menos interés y esperanza, se insiste en proponer una nueva Constitución con un 70% de la población encuestada declarando estar poco o nada interesada en el nuevo proceso y un 44% declarando que votará en contra del texto que aún no está escrito. En este contexto se inicia el trabajo del Consejo Constitucional recién electo e instalado, que deberá trabajar sobre el texto escrito por una comisión designada por ambas cámaras del Congreso.

El texto base conserva en gran medida elementos de la Constitución vigente, incorporando algunos tímidos avances e innovaciones bastante transversales. En ese sentido, si la elección fuera sobre el texto escrito por la comisión o quedarnos con la vigente: me quedaría con el primero. Pero no, la elección será sobre el texto que proponga el Consejo Constitucional, un Consejo que tiene la misma particularidad que la Convención Constitucional pasada pero en sentido inverso: una composición de mayoría aplastante de integrantes de extrema derecha, siendo las derechas tradicionales , una fracción de menos relevancia.

Pese a todo, este último intento tiene algo que no tuvo el anterior, y es la experiencia de un fracaso. Si cometemos los mismos errores vamos a tener los mismos resultados. Si se aprueban las normas solo porque “están los votos” dentro del Consejo, se correrá el riesgo de una nueva caída. La extrema derecha constituyente liderada por Luis Silva, quien hace pocos días declaró su admiración por Augusto Pinochet y su rol de “estadista”, ganó 23 de los 51 escaños del actual Consejo, y han sido explícitos en no querer una nueva Constitución, negocio redondo. Si proponen un texto más a la derecha que la Constitución vigente, ganan si se aprueba, y también ganan si se rechaza. El líder de la extrema derecha, José Kast, que obtuvo 44% de la votación en la última elección presidencial, necesita que el texto se apruebe para para aumentar sus chances presidenciales. Las derechas tradicionales tendrán un rol clave en tender puentes con las izquierdas o en homogeneizarse con la extrema derecha.

Se cumplirán el 11 de septiembre 50 años del golpe de Estado, en plena discusión constituyente en un órgano con la mayoría en quienes reivindican el legado de la dictadura. ¿Seguirá abierta la herida constitucional?