La tecnología: ¿oportunidad o amenaza para la democracia?

La corresponsal de EL PAÍS en Moscú nos explicaba recientemente que solo uno de los casi 2.000 españoles inscritos en el consulado de la capital rusa pudo ejercer el voto en las elecciones generales de 28-A. Es un ejemplo de hasta qué punto el voto desde el extranjero es problemático. Solo el 8,4% de los ciudadanos no residentes ejercieron su derecho al voto hace un mes.

Seguimos votando como lo hacíamos hace un siglo: con urnas y papeletas. Y este sistema acarrea varias ineficiencias, como ilustra la dificultad de votar por correo, en especial desde el extranjero. Sin embargo, existen ...

La corresponsal de EL PAÍS en Moscú nos explicaba recientemente que solo uno de los casi 2.000 españoles inscritos en el consulado de la capital rusa pudo ejercer el voto en las elecciones generales de 28-A. Es un ejemplo de hasta qué punto el voto desde el extranjero es problemático. Solo el 8,4% de los ciudadanos no residentes ejercieron su derecho al voto hace un mes.

Seguimos votando como lo hacíamos hace un siglo: con urnas y papeletas. Y este sistema acarrea varias ineficiencias, como ilustra la dificultad de votar por correo, en especial desde el extranjero. Sin embargo, existen soluciones tecnológicas que facilitarían el voto remoto. El voto electrónico hace años que se implementó en Estonia, donde el 43,8% de los ciudadanos que ejercieron el voto en las recientes elecciones parlamentarias lo hicieron por Internet. En Suiza, el voto digital se ha ido introduciendo gradualmente en los últimos años y vivirá un nuevo impulso en las elecciones federales de octubre. Por su parte, el Gobierno francés ha decidido introducir el voto electrónico para que los no residentes puedan elegir a sus consejeros consulares en 2020 y se está planteando ampliarlo para que puedan votar en las elecciones parlamentarias. A nivel subestatal, recientemente se ha utilizado voto por Internet en varias elecciones, como en Nueva Gales del Sur (Australia) o en algunas provincias canadienses, a lo que debemos añadir multitud de votos y consultas digitales impulsados por gobiernos locales de todo el mundo.

¿Por qué está costando tanto que países como España se planteen seriamente la introducción del voto digital? Al margen de la tradicional aversión al riesgo de los gobiernos, una explicación puede ser la falta de consenso político sobre la seguridad de los medios digitales. Las denuncias de interferencias en elecciones de varios países han acentuado el escepticismo. Pero hay que tener en cuenta que nuestro sistema electoral ya cuenta con varias fases totalmente digitalizadas desde hace años (como la transferencia y agregación de datos o el censo), lo que demuestra la fiabilidad, seguridad y eficacia de la tecnología usada. Por otro lado, la mayoría de las acusaciones de interferencias extranjeras en procesos electorales han acabado bien descartándose, bien concluyendo que se limitaron a la “compra de voluntades” de ciertas personas. Es decir, a las interferencias extranjeras existentes antes de la era digital.

Otra posible explicación de las reticencias al voto digital es el uso (o abuso) de la percepción social de inseguridad por parte de ciertos agentes interesados en el mantenimiento del sistema tradicional de voto, como forma para seguir controlando su ejercicio (y su resultado). Esta explicación es válida para las elecciones políticas y para las elecciones en gran cantidad de organizaciones privadas en las que normalmente no vota más del 5% del censo y cuyas estructuras de decisión están controladas sistemáticamente por los mismos grupos de poder (clubs deportivos, asociaciones profesionales, asociaciones vecinales, etc.).

Lo cierto es que la ciudadanía pide más y mejores vías de participación política y la tecnología ofrece herramientas para hacerlas realidad: presupuestos participativos, consultas y debates ciudadanos, votaciones y elecciones de todo tipo tienen un gran recorrido si sabemos aprovechar las oportunidades que ofrece Internet.

No se trata de eliminar el sistema tradicional, que sigue siendo necesario en nuestra sociedad, donde aún no existe un acceso igualitario a los conocimientos digitales, sino de ofrecer un canal complementario para ejercer el voto, que permita garantizar ese derecho básico a todos los ciudadanos, agilizar la gestión del proceso electoral, ahorrar recursos y aumentar la participación, sobre todo entre colectivos abstencionistas, como jóvenes, no residentes o personas con discapacidades.

Albert Royo Mariné, director de Asuntos Públicos de Gov2u