Los independentistas abonan los 2,1 millones restantes de la fianza por el ‘procés’

Entidades, partidos y afectados aportan nuevas sumas para sortear el embargo de las cuentas

Ernest Benach, expresidente del Parlament de Cataluña. Massimiliano Minocri

El independentismo ha redoblado sus esfuerzos en los últimos días para cubrir la totalidad de la fianza -5,8 millones de euros- impuesta a 17 altos cargos del Govern por su participación en el procés. Entidades, partidos políticos y los propios afectados han consignado pasadas las 14.30 de este miércoles los 2,1 millones de euros que todavía faltaban por pagar. Lo han hecho apenas dos días después de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordenase el embargo de cuentas bancarias a los procesados, una medida que está causando serios problemas en su vida diaria.

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El independentismo ha redoblado sus esfuerzos en los últimos días para cubrir la totalidad de la fianza -5,8 millones de euros- impuesta a 17 altos cargos del Govern por su participación en el procés. Entidades, partidos políticos y los propios afectados han consignado pasadas las 14.30 de este miércoles los 2,1 millones de euros que todavía faltaban por pagar. Lo han hecho apenas dos días después de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordenase el embargo de cuentas bancarias a los procesados, una medida que está causando serios problemas en su vida diaria.

El expresidente del Parlament Ernest Benach ha comparecido este mediodía en el juzgado para entregar una nueva suma en nombre de los altos cargos y funcionarios procesados por malversación de fondos públicos en la organización del referéndum del 1-O. Benach lidera la Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad, que gestiona la hucha creada para por la ANC y Òmnium para ayudar a pagar fianzas y multas a los encausados por el proceso independentista. En los pasillos del juzgado, Benach se ha felicitado por la "buena respuesta" del independentismo. La asociación ha aportado esta vez 626.066 euros en dos transferencias bancarias, según los documentos a los que ha accedido EL PAÍS.

Los representantes de la Asociación Catalana de Derechos Civiles también se han personado en el juzgado y han depositado otros 100.000 euros, según fuentes judiciales. Esta asociación está formada por los familiares de los líderes independentistas que están en prisión provisional o huidos de la justicia española y tiene como objetivo "denunciar la vulneración de derechos fundamentales" a los "represaliados" por el proceso independentista.

La aportación más generosa, sin embargo, ha procedido de Esquerra Republicana (ERC), partido al que pertenecen buena parte de los altos cargos procesados. El vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, llamó tras el embargo de las cuentas a ser solidarios con los "funcionarios" encausados. Su llamamiento parece que ha sido escuchado: la formación ha efectuado un ingreso por 702.000 euros.

Benach ha explicado que las aportaciones de los partidos proceden de ERC y PDeCAT, pero en el documento aportado al juzgado no se menciona a la formación heredera de Convergència. Fuentes del PDeCAT explicaron que su aportación es equivalente a la de ERC, pero que no se hizo a nombre del partido sino por transferencia a las entidades. 

Inmuebles al juzgado

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El resto de cantidades la han aportado tres de los 17 procesados por malversación, que han puesto a disposición del juzgado un total de cuatro propiedades inmobiliarias: el secretario general de Diplocat, Albert Royo; el director general de Comunicación del Govern, Jaume Clotet; y el secretario general de Presidència, Joaquim Nin. Clotet y Nin pertenecen a la órbita del PDeCAT.

El objetivo, ha explicado el expresidente del Parlament en los pasillos, es que el juzgado libere ahora las cuentas corrientes de los afectados, que permanecen bloqueadas y suponen una carga pesada para ellos y sus familias. Benach ha llamado a seguir aportando fondos. "Ahora hay que conseguir más para que se levante el embargo sobre las propiedades".

El pasado abril, la juez Alejandra Gil dio por cerrada la instrucción e impuso a 17 de los 30 procesados por organizar el 1-O una fianza "solidaria" de 5,8 millones de euros. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural impulsaron campañas para reunir esos fondos. Pero la caja de resistencia no alcanzó para cubrir la totalidad de la fianza: faltaban 2,1 millones de euros. De modo que la juez inició el embargo de las cuentas bancarias. Según fuentes de la defensa, los fondos de algunas de esas cuentas han pasado directamente a las cuentas del juzgado.

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