El PP de la Asamblea aprobó una ley que ocultaba al Gobierno las compras del Canal en América
Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas dice que la la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2012 propició la falta de control
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Canal de Isabel II indica que las compras de empresas realizadas en Latinoamérica por esta sociedad pública eludieron la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid porque así lo permitió la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2012. Curiosamente, fue el el Gobierno el que remitió al parlamento regional -para que lo aprobase- el proyecto de ley que le impedia ver las cuentas del Canal. En ese momento era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP),...
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Canal de Isabel II indica que las compras de empresas realizadas en Latinoamérica por esta sociedad pública eludieron la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid porque así lo permitió la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2012. Curiosamente, fue el el Gobierno el que remitió al parlamento regional -para que lo aprobase- el proyecto de ley que le impedia ver las cuentas del Canal. En ese momento era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), investigado en la Operación Lezo por supuestas irregularidades en dichas adquisiciones. La falta de control “favorecía la posibilidad de fraude”, dicen los auditores en su informe que hoy adelanta EL PAÍS
La Cámara de Cuentas ha fiscalizado la polémica gestión realizada por el Canal de Isabel II en Latinoamérica. El informe, realizado a petición de la Asamblea de Madrid, se centra entre los ejercicios 2008 a 2015. Los auditores señalan que “las adquisiciones y enajenaciones de empresas en el continente americano no fueron autorizadas siguiendo el procedimiento previsto en la normativa general estatal y autonómica sobre patrimonio”, que habría “exigido la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
Las operaciones se derivaron “indebidamente” al consejo de Canal Extensia (empresa que se creó en 2001 para la expansión en América), sin que tampoco tuviera conocimiento el consejo de administración del Canal. Esta situación “favorecía la posibilidad de fraude”, que está siendo investigado en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo.
La trama de corrupción gira en torno a la adquisición por parte de Canal Extensia de la empresa brasileña Emissao durante el mandato del expresidente regional Ignacio González. El juez trata de averiguar si en la compra se desviaron fondos públicos que terminaron en comisiones para los participantes en la operación financiera.
La Cámara de Cuentas indica que la “debilidad del control” fue propiciada por la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de 2012, aprobada por el grupo parlamentario del PP, y que modifica diversas leyes. En ese momento González era presidente de la Comunidad de Madrid y ocupaba también la presidencia del Canal de Isabel II. La norma propició que la empresa que gestiona el agua de Madrid llevara a cabo operaciones de adquisición o venta de sociedades, sin la obligación de informar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, hasta que se finalizarán.
Los auditores analizan en un capítulo aparte la compra de Emissao en 2013 a través de una sociedad uruguaya interpuesta: Soluciones Andinas de Aguas S.R.L, aunque no han conseguido obtener una información completa al respecto. La investigación constata que no se produjeron movimientos de fondos en las cuentas de Canal Extensia, por lo que el traspaso del dinero se produciría desde una cuenta en la que habría una diferencia “entre los importes supuestamente ingresados (24,2 millones de dólares) y los aportados a la operación (21,5 millones)”. Pero como no han obtenido ni valoraciones previas de Emissao, ni otros informes, no pueden “valorar” si la operación fue razonable o no.
Los auditores se toparon con otras con “limitaciones relevantes” para llevar a cabo su trabajo. Les ha faltado información sobre las cuentas; las operaciones de adquisición, disolución y liquidación, y los movimientos de fondos entre las entidades radicadas en países americanos. De forma que no les ha sido posible establecer “el grado de fiabilidad” de las cuentas del grupo.
Tampoco han conseguido “suficiente certeza sobre la composición efectiva del grupo”, porque no pueden descartar la existencia de “participaciones accionariales no detectadas”. El informe señala que, según las cuentas de 2015, el grupo Canal estaba integrado por 29 sociedades, de las que 11 tenían su sede en España, y el resto, 18 entidades, estaban domiciliadas en América.
A la fecha de fiscalización (noviembre de 2017), siete sociedades se habrían disuelto o estarían liquidándose. Los auditores no han recibido información sobre los resultados de las ventas producidas. En 2017, el Gobierno regional, todavía con Cristina Cifuentes de presidenta, decidió salir de Latinoamérica ante el escándalo, que acabó con González encarcelado en abril de 2017 junto a su hombre de confianza y exdirectivo del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino. Ambos fueron puestos en libertad después de pagar una fianza.