25 despedidos de un ente público de Getafe, juzgados por cobrar ayudas con supuestas facturas falsas

Los cargos públicos que fundaron la empresa municipal de limpieza de Getafe, Lyma, han suscrito un documento en el que critican a la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), por “no cejar en el castigo” a 25 extrabajadores. Fueron despedidos en enero del año pasado por cobrar prestaciones sociales con supuestas facturas falsas desde 2013 y, desde este jueves, se enfrentan a un juicio por vía penal que puede llevarles a prisión. El Ayuntamiento ha ...

Los cargos públicos que fundaron la empresa municipal de limpieza de Getafe, Lyma, han suscrito un documento en el que critican a la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), por “no cejar en el castigo” a 25 extrabajadores. Fueron despedidos en enero del año pasado por cobrar prestaciones sociales con supuestas facturas falsas desde 2013 y, desde este jueves, se enfrentan a un juicio por vía penal que puede llevarles a prisión. El Ayuntamiento ha retirado la acusación particular que ejercía hasta ahora, pero la fiscalía mantiene la petición de dos años y 11 meses de cárcel.

Entre los firmantes del texto se encuentran el exalcalde Pedro Castro y Gregorio Gordo, que fue su número dos en la legislatura 1995- 1999, en la que PSOE e IU gobernaron la localidad en coalición. Consideran que la situación “ha provocado un drama social” para las familias, en riesgo de exclusión social, y solicitan que el Consistorio readmita a los empleados, como aprobó el pleno en septiembre. Un portavoz municipal explica que esa solución no es posible ya que dicho órgano no es “competente para tomar esas decisiones”. Y añade: “La readmisión sería ilegal una vez ganados los juicios laborales”. Sin embargo, matiza que varios trabajadores han vuelto a Lyma gracias a diferentes resoluciones favorables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En el documento, publicado hace unos días en un periódico local, los fundadores de Lyma explican que la empresa es el resultado de la municipalización del servicio de limpieza en Getafe. Se creó en 1997 con el objetivo de incorporar al mercado laboral personas pertenecientes a sectores sociales vulnerables. “Una denuncia poco clara”, recalca el texto, “concluyó con el despido de 25 trabajadores, que se habrían aprovechado de facturas falsas para la obtención de beneficios sociales”. Las cantidades supuestamente defraudadas alcanzan los 500 euros de media por empleado, lo que para los firmantes de la carta se habría “resarcido sobradamente” con una sanción de un mes de empleo y sueldo. Sin embargo, el Ayuntamiento optó por llevar el caso a los tribunales.

Familias pobres

Los procesos laborales han concluido con disparidad de suerte. La mayoría de los trabajadores no han sido readmitidos, pero Castro considera que lo más grave es que el Ayuntamiento haya interpuesto una demanda penal. “Los despedidos proceden de familias pobres. Hay un matrimonio con dos hijos viviendo en un coche y una familia que ha perdido dos viviendas: la del trabajador y la de sus padres, que lo avalaron”. El antiguo regidor indica que se han mantenido diversas reuniones con la alcaldesa, pero han resultado infructuosas. Esa “situación dantesca” le ha llevado a firmar el documento que critica la labor de Hernández, con la que comparte militancia en el PSOE. “Cuando creamos Lyma, un informe de Servicios Sociales indicaba que los hijos de familias pobres tardan tres generaciones en salir de esa situación. Ahora no podemos condenarlos”, insiste Castro.

“Cuando se interpone una demanda laboral no es habitual que se convierta en otra penal”, señala Juan Manuel Vela, abogado de seis extrabajadores. En su opinión, la mayoría de los despedidos no utilizaron facturas falsas, sino que incluyeron “una chapuza de facturas” para cobrar los 600 euros anuales en prestaciones a los que tenían derecho para sufragar gastos sociales. Vela, que fue concejal de IU en la legislatura en la que se creó Lyma y también ha firmado el documento, se ha felicitado porque el Ayuntamiento haya retirado la acusación particular, por la que al principio se pedían seis años de cárcel. Un portavoz municipal recalca que la pretensión del Consistorio es recuperar el montante defraudado, ya que su responsabilidad es hacer “un buen uso del dinero y de los bienes públicos”.