La imputación de Gordó sorprende al PDeCAT sin código ético

Los responsables de redactar el texto apenas han empezado a recabar la documentación para elaborarlo

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, en un acto el pasado 13 de mayo.JOAN SÁNCHEZ

Pese a los intentos de armar un cordón sanitario que aisle al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) de los casos de corrupción que acechan a Convergència Democràtica (CDC), los esfuerzos de la dirección del nuevo partido han acabado siendo inútiles. Sucedió con el caso Palau, que derivó en una pugna en la Generalitat sobre si se tenía que acusar a CDC, y se ha repetido con la imputación de Germà Gordó en el caso 3%. La formación afronta su situación más crítica desde su fundación, en julio pasado, sin una pauta clara de lo que tiene que hacer, pendiente to...

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Pese a los intentos de armar un cordón sanitario que aisle al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) de los casos de corrupción que acechan a Convergència Democràtica (CDC), los esfuerzos de la dirección del nuevo partido han acabado siendo inútiles. Sucedió con el caso Palau, que derivó en una pugna en la Generalitat sobre si se tenía que acusar a CDC, y se ha repetido con la imputación de Germà Gordó en el caso 3%. La formación afronta su situación más crítica desde su fundación, en julio pasado, sin una pauta clara de lo que tiene que hacer, pendiente todavía de aprobar un código ético.

En abril pasado, la dirección del partido dio la orden de empezar a elaborar el código ético, compromiso del congreso fundacional. El objetivo era aprobarlo en el último consejo nacional antes del verano o ya en septiembre. Una de las claves, admiten fuentes del partido, es qué hacer cuando uno de los cargos neoconvergentes sea investigado judicialmente —antigua situación de imputado— o condenado.

No se ha acordado todavía una posición sobre cómo afrontar una posible imputación, situación que se ha acabado produciendo antes de tener la solución que automatice los procedimientos y rebaje las tensiones internas y las polémicas públicas. Xavier Trias, Laia Sala, Salvador Esteve, Carles Agustí y Montserrat Morante, responsables de redactar ese documento, apenas han empezado a recabar documentación que les pueda servir de referente para elaborar el código ético y consideran que los trabajos no podrán estar listos, en un horizonte optimista, hasta después del mes de septiembre, por lo que seguirá siendo hasta entonces el único partido catalán sin una regulación interna.

Los tuits que aislaron al exconsejero

MARTA PASCAL: "Presidente Mas dio paso al lado pensando en el proyecto común. A veces dar pasos al lado sirve para avanzar y muestra generosidad".

MERCÈ CONESA: "El @Pdemocratacat tiene que poder volar libre de los procesos que afectan a la antigua CDC. Depende de nosotros que vuele alto. Adelante @martapascal!

JOAN TARDÀ: "Quien se pueda convertido en un impedimento, tiene que dar inmediatamente un paso al lado. Gordó tiene que dimitir, será su mejor servicio al país".

GERMÀ BEL: "No sé si el grupo JxS mantendrá 61 ó 62 diputados; pero seguro que solo habrá un Germà Pd: Nunca he entendido el secuestro de escaños en beneficio privado"

CUP PAÏSOS CATALANS: "Dimisión o dimisión! #GordóDimissió".

ANNA GABRIEL: "Escaños giratorios... #GordóDimissió".

GABRIEL RUFIÁN: "O dejamos de dar excusas o seremos la excusa. Gordó dimisión".

EULÀLIA REGUANT: "Mantenerse como diputado para defenderse mejor'. Està claro que el aforamiento no tiene nada que ver #GordóDimissió"

En esa situación, la dirección no tiene mucho margen para actuar. El viernes, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el PDeCAT se posicionó al lado del diputado y pidió que se respetara el principio de presunción de inocencia. En el mismo comunicado explicaba que Gordó —exhombre fuerte de Artur Mas, de quien fue secretario de Presidencia y consejero— abandonaba la Comisión de Justicia del Parlament, de la que era presidente, pero obviaba su continuidad como parlamentario.

A esas horas la CUP ya había pedido su dimisión. No lo había hecho oficialmente, sin embargo, Esquerra, el socio de gobierno del PDeCAT, que se posicionaría posteriormente, una vez ya estaba molesta por la permisividad que exudaba el comunicado del Partit Demòcrata. A partir de ahí, evidenciadas las presiones externas, se precipitaron las cosas en el partido. La coordinadora general del partido, Marta Pascal, lanzaba un tuit en el que buscaba una analogía con la retirada de Artur Mas para que Junts pel Sí pudiera iniciar la actual legislatura sin acudir a unas nuevas elecciones. “President Mas hizo un paso al lado pensando en el proyecto común. A veces dar pasos al lado sirve para avanzar y demostrar generosidad”.

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Iba dirigido a Gordó, que ya había tenido conversaciones con figuras del partido que le demandaban abandonar el escaño. Así lo entendió bien la corriente interna desde la que el exgerente de Convergència amenazó con pugnar por la dirección del PDeCAT, Nova Convergència. La plataforma respondió aconsejando a Gordó que abandonara el partido, pero mantuviera su escaño en el Parlamento como diputado adscrito. Esa posición le permitiría mantener su posición de aforado y no tendría repercusiones en el grupo de Junts pel Sí, que con sus 61 diputados y los diez de la CUP seguiría manteniendo una mayoría en el Parlament. Nova Convergència es la corriente interna que más ha defendido reivindicar el pasado convergente del PDeCAT.

Pese al silencio de Artur Mas y de Neus Munté, presidente y presidenta de la formación, ayer se redoblaron las presiones sobre Gordó. Germà Bel, diputado independiente en Junts pel Sï, daba por hecho a través de Twitter que Germà Gordó abandonaría el grupo unitario que integran PDeCAT, ERC, Demòcrates y diputados en representación del independentismo en la sociedad civil. “No sé si el grupo de Junts pel Sí mantendrá 61 o 62 diputados, seguro, no obstante, que solo habrá un Germà”, dijo el diputado, que manifestó a Europa Press su “repulsa absoluta” a que Gordó pueda secuestrar un escaño.

Mercè Conesa, presidenta del Consejo Nacional del PDeCAT, sostuvo que el partido “ha de poder volar libre de los procesos que afectan a la antigua CDC” y dio ánimos a Pascal. Esa apelación a la coordinadora general no extraña debido a las dificultades que está atravesando la joven dirección del partido para sortear los casos judiciales en los que está inmersa Convergència.

Pascal, con escasa suerte, ha tenido que hacer un continuado juego de equilibrios para intentar desmarcarse de determinado legado de Convergència y, a la vez, no herir las sensibilidades de figuras que, como Gordó, reivindican ese mismo partido. Y esos equilibrios lo ha tenido que jugar casi siempre en casos judiciales.

El precedente de Oriol Pujol

Si la dirección del PDeCAT mira por el retrovisor, podrá ver un precedente a lo que le está ocurriendo con Germà Gordó. Y el protagonista fue Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, cuando en 2013 fue imputado en el caso de las ITV, un caso de corrupción en la adjudicación de estaciones de inspección de vehículos y deslocalización de multinacionales japonesas. Entonces, el que era secretario general de CDC, dio un primer paso abandonando de forma temporal su cargo de dirección de la formación y la presidencia del grupo de CiU en el Parlament. Mantuvo, no obstante, su escaño como diputado, posición a la que se aferró hasta julio de 2014, cuando finalmente dimitió.

El argumento que ofreció entonces fue que era necesario “concentrar toda la energía” en el proceso político catalán, que en aquellos meses estaba centrado en la consulta independentista del 9-N. Así, Gordó, con su renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Justicia del Parlament y sin cargos como dirigente en el partido, habría seguido los mismos pasos del pequeño de los Pujol, de quien se sospecha que obtuvo “ingresos irregulares” gracias a las adjudicaciones de ITV por parte de la Generalitat.

Otro caso similar fue el del socialista Daniel Fernández, que abandonó su cargo como secretario de organización del PSC tras ser imputado por un caso de tráfico de influencias por colocar a una persona afín en un cargo público, si bien mantuvo su acta como diputado. Fernández acabó siendo condenado a 16 meses de prisión y una multa de 60.000 euros.

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