El juez ratifica el despido del exdirector de Infraestructuras imputado en el caso 3%
El fallo judicial considera "razonable y proporcionado" el cese ante una "situación extraordinaria derivada de la investigación judicial"
El exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, imputado en el caso 3% que investiga el supuesto cobro de mordidas por parte de Convergència Democràtica, no tendrá la indemnización por despido que reclamaba. La juez del Juzgado de lo Social número 14 de Barcelona ha desestimado su recurso, en el que demandaba más de 300.000 euros por su despido.
El despido definitivo de Rosell llegó meses después de que la Guardia Civil registrara la sede de Infraestructures y el domicilio ...
El exdirector general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, imputado en el caso 3% que investiga el supuesto cobro de mordidas por parte de Convergència Democràtica, no tendrá la indemnización por despido que reclamaba. La juez del Juzgado de lo Social número 14 de Barcelona ha desestimado su recurso, en el que demandaba más de 300.000 euros por su despido.
El despido definitivo de Rosell llegó meses después de que la Guardia Civil registrara la sede de Infraestructures y el domicilio del entonces director general de la sociedad pública. Buscaban evidencias que demostraran la modificación de las ofertas técnicas de empresas licitadoras, que supuestamente pagaban comisiones a Convergència, para beneficiar a unas sobre otras. El juez del caso 3%, instruido en El Vendrell, sospecha que Rosell era el nexo de unión en la Administración entre las constructoras que pagaban comisiones y el partido y quien, junto a estrechos colaboradores, pedía cambiar las puntuaciones que realizaban los técnicos.
El consejo de administración de la empresa pública, antigua Gisa, aprobó en febrero del pasado año por unanimidad la rescisión del contrato de Rosell alegando “pérdida de confianza”. Al considerarlo un empleado de alta dirección, optó por ofrecerle una indemnización de siete días de salario por año trabajado con un tope de seis mensualidades, siempre y cuando no fuera funcionario, como así se trata (actualmente ocupa plaza en el Departamento de Agricultura).
Rosell recurrió, alegó que su contrato era laboral y solicitó una indemnización acorde a sus ingresos. Según explica el fallo, Rosell cobraba 140.895 euros anuales, a lo que se sumaba un vehículo de empresa a su servicio (el contrato de renting estaba valorado por encima de los 12.000 euros), el combustible que consumía y un seguro médico a cargo de la empresa pública. De ahí que Rosell reclamara que se le reconociera un salario equivalente a 159.632 euros anuales en el cálculo de la indemnización por despido
La petición de Rosell ha caído en saco roto. Considera la juez que tenía un cargo de alta dirección y que el despido era una “puntual respuesta empresarial, objetiva y razonable y proporcionada” ante una “situación extraordinaria derivada de la investigación judicial”, por lo que exonera a Infraestructures de tener que asumir la indemnización que demandaba el ex alto cargo, que puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Despido tardío
El de Rosell no es el único despido que ha efectuado Infraestructures desde que hicieron los registros del caso 3%. También fue rescindido el contrato de Jaume Cortasa, que formaba parte de la oficina técnica que realizaba las valoraciones de las ofertas de las empresas y era un estrecho colaborador del entonces director general.
La salida del exdirector general de la empresa pública se hizo esperar. No llegó hasta que Junts pel Sí ganó las elecciones y logró formar gobierno, una vez que el republicano Oriol Junqueras había asumido el Departamento de Economía y Finanzas, de la que depende Infraestructures.cat. Mientras gobernó CiU se evitó el despido y, aunque se le excluyó del cargo y de las reuniones de los comités ejecutivos de las empresas, se le dio una nueva responsabilidad: la de desarrollar proyectos internacionales.