El Parlament quiere denunciar al Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos
Junts pel Sí y la CUP aprueban una moción en la que instan al Síndic de Greuges (Defensor del pueblo catalán) a elevar la queja
El Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una moción bajo el título "justicia democrática y estado autoritario de Derecho" en la que denuncia la "politización, la falta de independencia y la falta de objetividad de la alta judicatura y la fiscalía y el Tribunal Constitucional, con especial mención de su currículum político". El objetivo es que el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo catalán) inicie las actuaciones necesarias para denunciar la situación ante las instituciones europeas. Los d...
El Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una moción bajo el título "justicia democrática y estado autoritario de Derecho" en la que denuncia la "politización, la falta de independencia y la falta de objetividad de la alta judicatura y la fiscalía y el Tribunal Constitucional, con especial mención de su currículum político". El objetivo es que el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo catalán) inicie las actuaciones necesarias para denunciar la situación ante las instituciones europeas. Los destinatarios del informe deben ser el Consejo de Europa, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Comisaría de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de La Haya.
La moción, que contiene cuatro puntos, ha sido aprobada con los 71 votos de la mayoría independentista frente a los 51 en contra del bloque contrario a la secesión (Ciudadanos, PSC y PP). Catalunya Sí que es Pot se ha inclinado por la abstención. El documento, impulsado por la CUP, denuncia que el "conjunto" del Gobierno español "utiliza políticamente el poder judicial en el conflicto democrático contra Cataluña". El texto señala además que la "profunda politización" del poder judicial, la fiscalía y el Constitucional "pervierte" la función de esos órganos y a los de la mayoría de la ciudadanía y cuestiona la "legitimidad de sus resoluciones en lo que hace referencia al derecho a decidir".
La moción será elevada al Constitucional. El texto advierte, sin embargo, que la "evidente politización" de este órgano "cuestiona su capacidad para resolver con independencia y neutralidad" los asuntos relacionados con el "proceso político, pacifico y democrático que se vive en Cataluña".