Procesado un coronel por un caso de narcotráfico en Granada
El investigado está acusado de recibir 480.000 euros por permitir la entrada de hachís
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el coronel Francisco García Santaella, acusado por la unidad de policía judicial que él dirigió de recibir al menos 480.000 euros de una organización criminal que introducía hachís a través de la costa granadina. García Santaella y otros tres acusados (Rachid Z., David G.M. y Jorge D.P.) se enfrentan a los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pú...
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el coronel Francisco García Santaella, acusado por la unidad de policía judicial que él dirigió de recibir al menos 480.000 euros de una organización criminal que introducía hachís a través de la costa granadina. García Santaella y otros tres acusados (Rachid Z., David G.M. y Jorge D.P.) se enfrentan a los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Asimismo, las actuaciones judiciales continúan contra el también coronel Francisco Ortiz Clavero por un delito de encubrimiento y contra Ana D.A. por un delito de blanqueo de capitales.
Los hechos sucedieron en 2005 y 2006, cuando García Santaella era comandante de la Guardia Civil y jefe de la Jefatura de Policía Judicial e Información de Granada. Según el auto fechado el pasado miércoles, el investigado se encargaba supuestamente de “organizar, planificar, dirigir y asegurar” la introducción de alijos desde Marruecos a cambio de mordidas. "Por realizar funciones de seguridad que garantizaban la entrada de hachís en territorio español, recibía la cuantía de 120.000 euros por trabajo realizado con independencia de la cantidad de droga que se introdujera", apunta la magistrada. Asimismo, el coronel "utilizaba las aprehensiones de droga que realizaba el EDOA [Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil] en las costas granadinas para coger fardos y sacarlos y proceder a entregarlos a sus colaboradores para que los vendieran y repartirse entre ellos los beneficios obtenidos", detalla la juez.
La magistrada señala que "el entonces comandante hizo un uso claramente abusivo y desproporcionado de su carácter de oficial", hasta el punto de modificar el sistema de trabajo del EDOA. "La droga alijada no se controla directa ni de forma permanente, dirigiendo in situ el comandante las operaciones de narcotráfico conociendo él solo la ubicación de la guardería durante el desarrollo de la operación, no estableciéndose control judicial alguno ni sobre el alijo, en caso de diversas entregas, ni sobre la guardería o lugar de depósito de la droga", según el auto.
El paso a procedimiento abreviado pone fin a las diligencias previas incoadas el 21 de noviembre de 2014. Como se detalla en el auto, durante una operación antidroga, dos narcotraficantes mencionaron en sus conversaciones telefónicas intervenidas los pagos al “padre”. Cuando fueron detenidos, identificaron ese nombre en clave con el coronel. Uno de los narcos incluso desveló que había pagado una mordida en el despacho de la Comandancia. Ante las sospechas, la Dirección General del Instituto Armado destituyó en abril de 2015 a García Santaella, destinado en la Subdirección General de Personal en Madrid, “por pérdida de confianza”.
En cuanto a la investigación contra Ortiz Clavero, ex jefe de servicios de la unidad de Asuntos Internos, la magistrada le acusa de encubrimiento por archivar un expediente abierto contra García Santaella. Ortiz Clavero “obvió la importancia y gravedad de los hechos” por los que un confidente denunciaba haber pagado al entonces comandante una mordida “sobre 400.000 euros” para contar con su “colaboración y cobertura, dando seguridad en la introducción de hachís a través de la costa de Granada”.
La magistrada emplaza a las partes personadas en la causa a que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento del procedimiento penal en el plazo de 10 días. Contra el auto de paso a procedimiento abreviado cabe la interposición de recurso de reforma.