La juez imputa a seis directivos de FGV para evitar la prescripción
La magistrada resolverá si mantiene la investigación sobre los antiguos directivos
La instructora que investiga el accidente de metro de 2006 en Valencia imputará a seis exdirectivos de FGV, entre ellos a la exgerente Marisa Gracia, para evitar la prescripción del caso tal y como le ha pedido el abogado de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Junio (AVM3J), que representa a las familias de 13 de las 90 víctimas del siniestro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La instructo...
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La instructora que investiga el accidente de metro de 2006 en Valencia imputará a seis exdirectivos de FGV, entre ellos a la exgerente Marisa Gracia, para evitar la prescripción del caso tal y como le ha pedido el abogado de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Junio (AVM3J), que representa a las familias de 13 de las 90 víctimas del siniestro, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La instructora toma la decisión para evitar que los delitos, en el caso de que los hubiera, prescriban ya que el informe pericial que está elaborando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), “que va a ser fundamental a la hora de concluir sobre la existencia o no de responsabilidades penales”, no estará concluido hasta octubre, tres meses después de que el caso prescriba.
Los seis exdirectivos investigados por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia son, además de la exgerente de FGV Marisa Gracia, otros cinco directivos de FGV en el momento del accidente: el responsable de auditoría y seguridad en la explotación, el de operaciones, el exjefe de mantenimiento de instalaciones fijas, el exjefe de talleres de Valencia Sud y el exjefe de la Línea 1.
La magistrada lamenta la demora del informe que concluirá si la compañía de transporte público cumplía con la normas de seguridad exigibles. Y señala que, de no pronunciarse ahora sobre la condición de investigados de los seis exdirectivos, podrían haber “consecuencias irreparables” ya que si del informe se desprendiese “la existencia de alguna irregularidad que pudiese llevar a entender que son exigibles responsabilidades penales, las mismas ya estarían prescritas”.
La titular del caso archivó el accidente dos años después del descarrilamiento y fue la Audiencia Provincial de Valencia, quien a la vista de la aparición de nuevos datos, ordenó su reapertura en julio de 2015. La instructora pidió a la agencia española la designación de dos peritos en noviembre de 2015, y ésta le respondió en febrero de 2016. Poco después la magistrada pedía el informe sobre la seguridad en la Línea 1.
El informe de la AESF incluirá estudios sobre el material móvil (incluido mantenimiento de las unidades en el taller y revisiones técnicas) y cambio de ventanas, así como todos aquellos extremos referidos a la infraestructura, vías, medidas de seguridad y balizas, cuestiones que, según la AVM3J, no se investigaron en el primer procedimiento.