El campo de golf de Alcalá sigue abierto a pesar del Supremo
El tribunal, que ya había anulado el uso deportivo de la finca, invalida la modificación del trazado de una vía pecuaria
El Tribunal Supremo ha anulado la modificación del trazado de una vía pecuaria que cruzaba el campo de golf de El Encín, en Alcalá de Henares. El fallo, del pasado 4 de marzo y que da la razón a Ecologistas en Acción, establece que la Comunidad de Madrid no respetó el procedimiento administrativo y solapó el periodo de consultas previas con el de información pública.
El Ejecutivo autónomo de Ignacio González (PP) resta trascendencia al fallo: “A efectos prácticos, no supone ningún cambio a la situación actual”. Los ecologistas critican la actuación del Gobierno regional y lamentan el es...
El Tribunal Supremo ha anulado la modificación del trazado de una vía pecuaria que cruzaba el campo de golf de El Encín, en Alcalá de Henares. El fallo, del pasado 4 de marzo y que da la razón a Ecologistas en Acción, establece que la Comunidad de Madrid no respetó el procedimiento administrativo y solapó el periodo de consultas previas con el de información pública.
El Ejecutivo autónomo de Ignacio González (PP) resta trascendencia al fallo: “A efectos prácticos, no supone ningún cambio a la situación actual”. Los ecologistas critican la actuación del Gobierno regional y lamentan el escaso impacto de la sentencia, pese a que les dé la razón. “La valoración es positiva, porque es ganar un recurso y nos da la razón, pero la sentencia llega tarde: el campo de golf está construido y la vía pecuaria desviada. Hay que iniciar un proceso tan complejo como el propio recurso para que se ejecute... Son procedimientos muy largos, que pueden llevar tantos años como el propio recurso”, apunta Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción.
“Lo más eficaz es que aquí hubiera una responsabilidad política para este tipo de casos, en concreto de Esperanza Aguirre: fue un empeño personal suyo. No puede ser que la Comunidad pierda sentencias y aquí no pase nada”, añade Nieto. El Supremo ya falló en mayo de 2013 a favor de un recurso que los ecologistas presentaron contra la construcción del club de golf. En esa ocasión, el tribunal anuló el uso deportivo en El Encín, de nuevo sin consecuencias prácticas.
El Gobierno regional aprobó en 2007, con Aguirre de presidenta (2003-2012), la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares para permitir el uso deportivo de la finca de El Encín. De esta forma, la Comunidad daba viabilidad urbanística a la construcción, en 150 hectáreas de la finca agrícola, de un complejo deportivo con dos campos de golf (solo se construyó uno), pistas de pádel, canchas de fútbol, etcétera.
Los ecologistas cuestionaron desde el principio lo que definieron como un “macro-complejo” de golf sobre terrenos protegidos. La finca, además, estaba atravesada de norte a sur por la cañada del Listón, una vía pecuaria de uso público. La Comunidad aprobó la modificación de su trazado, que ahora bordea el perímetro de los terrenos dedicados al golf, junto a una vía de ferrocarril.
“El Supremo ha anulado el uso deportivo de la finca de El Encín y la modificación del trazado de la vía pecuaria. Pone de manifiesto el mal proceder de la Comunidad una y otra vez y, sin embargo, todo sigue igual”, continúa la responsable de Ecologistas en Acción. A su entender, la razón detrás de las modificaciones aprobadas era poner en manos privadas El Encín, que previamente era una finca de investigación agroambiental. Ahora mismo está cedida a la empresa privada Desprosa.
La compañía, que se dedica a la gestión de instalaciones deportivas y cuenta con un centenar de trabajadores, tenía un capital social de 20,3 millones de euros en 2013, según el registro mercantil. El balance ese ejercicio tuvo unos números rojos de 2,5 millones. El presidente de la firma es Joaquín Molpeceres.
La Fiscalía Anticorrupción exculpó en marzo a nueve empresarios, entre ellos Molpeceres, que figuraban supuestamente como pagadores en los llamados papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP. El ministerio público observó que no existía correlación entre las cantidades en la caja b del PP y las adjudicaciones públicas a los empresarios.