El PP impide investigar los negocios de sus diputados en Ourense
Baltar bloquea una solicitud de la oposición tras descubrirse que un miembros de la Diputación vendia gasolina al organismo
Ni se investigarán los pagos a la gasolinera de un diputado y alcalde ni se publicará la relación de empresas vinculadas a políticos que también reciben dinero público. El PP de Ourense ha empleado su robusta mayoría absoluta en la Diputación para tumbar una comisión de investigación que permita aclarar por qué, casualmente, todos los coches del organismo que prestan servicio en la comarca de Verín, repostaban combustible en la gasolinera familiar del alcalde de Cualedro, el popular Luciano Rivero. Durante el último lustro, esa estación de servicio de la que es copropietario junto a dos de sus...
Ni se investigarán los pagos a la gasolinera de un diputado y alcalde ni se publicará la relación de empresas vinculadas a políticos que también reciben dinero público. El PP de Ourense ha empleado su robusta mayoría absoluta en la Diputación para tumbar una comisión de investigación que permita aclarar por qué, casualmente, todos los coches del organismo que prestan servicio en la comarca de Verín, repostaban combustible en la gasolinera familiar del alcalde de Cualedro, el popular Luciano Rivero. Durante el último lustro, esa estación de servicio de la que es copropietario junto a dos de sus tíos y su hermana —trabajadora de la Diputación— recibió 186.000 euros públicos mediante un proceder que el secretario del organismo que preside Manuel Baltar calificó de “ilegal” en un informe que, sin embargo, no señala a ningún responsable. Atribuye lo sucedido a un error administrativo sin autor conocido.
“No sé para qué quieren una comisión si ya lo investigaron todo ustedes”, espetó el portavoz popular, Plácido Álvarez, durante el debate de una moción presentada por el PSdeG. “Su única pretensión es hacer barullo en fechas electorales”, insistió. Y es que los socialistas aseveran que los pagos ilegales se suceden en otras gasolineras vinculadas a cargos del PP. Los populares también tumbaron la publicación de una relación de empresas participadas por políticos que hayan recibido pagos públicos y el envío de la documentación al fiscal. En el PP defienden que no es cosa suya aclarar si los miembros del pleno delinquen.
El portavoz del PSdeG, Ignacio Gómez, insistió en que “no se trata de una ilegalidad cualquiera y sí de un delito”, al mismo tiempo que apuntó hacia el presidente provincial: “Baltar lo sabía pero dijo que no le constaban los pagos, a pesar de que había un informe anterior del interventor que ya declaraba la ilegalidad”. Los de la Diputación, no fueron los únicos euros públicos que recibió la gasolinera familiar de Rivero. Como alcalde del Ayuntamiento de Cualedro firmó pagos ilegales a su propia empresa durante siete años hasta sumar 64.000 euros. A pesar de que las facturas refrendadas por Baltar sí forzaron su dimisión como diputado provincial, los abonos que el regidor y exdiputado se hizo a sí mismo, han sido bendecidos por la cúpula del PP gallego, que mantiene a Rivero como candidato a las elecciones de mayo. De hecho, ayer volvió a ser aplaudido como el mejor político para revalidar la alcaldía que heredó de su madre tras su fallecimiento en 2006.