PP y oposición buscan un acuerdo que reparta culpas en la caída de la CAM
La comisión de investigación cierra con votos particulares de todos los grupos
Tres años y tres meses después de su constitución, la comisión de investigación sobre la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó ayer en las Cortes Valencianas un dictamen solo con el apoyo del PP y con tantos votos particulares, o propuestas alternativas, como grupos de la oposición. Sin embargo, todos expresaron la voluntad de consensuar las conclusiones para que en el último pleno de la legislatura, que se celebrará el 25 de marzo y días sucesivos, pueda aprobarse un dictamen compartido.
El principal obstáculo es el reparto de responsabilidades entre el Banco de España y el In...
Tres años y tres meses después de su constitución, la comisión de investigación sobre la intervención de Caja Mediterráneo (CAM) aprobó ayer en las Cortes Valencianas un dictamen solo con el apoyo del PP y con tantos votos particulares, o propuestas alternativas, como grupos de la oposición. Sin embargo, todos expresaron la voluntad de consensuar las conclusiones para que en el último pleno de la legislatura, que se celebrará el 25 de marzo y días sucesivos, pueda aprobarse un dictamen compartido.
El principal obstáculo es el reparto de responsabilidades entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por lo ocurrido con la CAM, que acabó en manos del Banco de Sabadell tras ser intervenida en julio de 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y recibir una inyección de 5.249 millones procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos.
El PP considera, como hizo el diputado Vicente Betoret, que “el Banco de España pudo haber cometido una dejación de sus responsabilidades” por falta de supervisión y control. “Pasará a la historia por haber acabado con 150 años de historia de las cajas”, llegó a decir Betoret sobre el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Los términos del PP hacia el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que depende de la Generalitat, fueron muy diferentes: “Se podría exigir que hubiera obrado con mayor eficiencia en las labores de control”.
La izquierda critica el veto del PP a que comparecieran los exconsejeros
Para el diputado socialista Francisco Toledo, en cambio, aunque “la reacción del Banco de España fue demasiado tardía” y debería revisar “sus procedimientos”, fue “el único órgano de control externo que actuó”. El IVF, añadió Toledo, “no hizo ninguna inspección ni supervisó la CAM en modo alguno”, cuando tenía competencias, al menos, de supervisión prudencial y en materia de órganos de gobierno de las cajas. Según los socialistas, el IVF hizo “dejación funciones”.
La coincidencia entre los grupos, con sus matices, es clara al culpar al equipo de dirección y los órganos de gobierno de la CAM por su hundimiento. “Actuaron en la gestión de la entidad alejados de los principios de responsabilidad, cautela y prudencia”, se lee en el dictamen del PP, que al criticar la excesiva exposición al sector inmobiliario, cita explícitamente el “desprecio de los riesgos” en operaciones como las de Hansa Urbana, cuyos préstamos sumaban más de 700 millones; las de Enrique Ortiz, por más de 450 millones, y otras en Seseña, o con las mercantiles FBX, Polaris o Llanera.
La oposición incidió en la responsabilidad del PP en lo ocurrido, mediante el control político de la entidad. “Francisco Camps hablaba como si fuera el presidente de las cajas”, recordó Lluís Torró, de Esquerra Unida, el grupo que propuso en julio de 2011 la creación de la comisión de investigación, aprobada por unanimidad en un momento en el que parecía que un recién llegado Alberto Fabra iba a abrir la mano al permitir también la investigación parlamentaria del caso Emarsa. Torró reclamó que se revise el papel de los auditores, se exijan soluciones para los afectados por las cuotas participativas y otros productos similares y se dé una solución de futuro a la obra social.
Mireia Mollà, de Compromís, coincidió con Torró en denunciar que la CAM hizo “una huida hacia adelante” y planteó reprobar con nombres y apellidos al expresidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, a la auditora KPMG, por no haber detectado irregularidades, y al exgobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez.
El socialista Toledo, que votó a favor del texto de EUPV, se abstuvo con el de Compromís por incluir reprobaciones con nombres propios. “Deberíamos estar seguros de que no nos dejamos a nadie”, dijo.. Los tres grupos de izquierda criticaron con énfasis que el PP vetara que, entre los 76 comparecientes que han pasado por la comisión, estuvieran expresidentes como Camps y Olivas y los exconsejeros de Hacienda Gerardo Camps y José Manuel Vela.