PP y UPyD endurecen las reglas a los miembros de la Cámara de Comercio

Los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio cesarán en el caso de ser “condenados por delito doloso”

Los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio cesarán en el caso de ser “condenados por delito doloso”. También estarán forzados a dejar el cargo en el supuesto de delitos relacionados con la corrupción y, en particular, de aquellos contra la Administración Pública, Ordenación del Territorio, Hacienda y Seguridad Social, delitos societarios y otros de similar naturaleza, “cuando en la causa judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquellos y esta haya alcanzado firmeza”, detalla la normativa de la Ley...

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Los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio cesarán en el caso de ser “condenados por delito doloso”. También estarán forzados a dejar el cargo en el supuesto de delitos relacionados con la corrupción y, en particular, de aquellos contra la Administración Pública, Ordenación del Territorio, Hacienda y Seguridad Social, delitos societarios y otros de similar naturaleza, “cuando en la causa judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquellos y esta haya alcanzado firmeza”, detalla la normativa de la Ley de Cámaras que se aprobará en el pleno de hoy de la Asamblea de Madrid.

La modificación ha sido incluida por el PP a raíz de una propuesta parecida de UPyD. El presidente de la Cámara es Arturo Fernández. Imputado en el caso Bankia, renunciará como presidente de la patronal madrileña la próxima semana (un día después de las elecciones de la CEOE), debido al escándalo de las tarjetas opacas de la entidad. Sin embargo, seguirá al frente de la Cámara.

La institución también deberá hacer públicas en la web, “en un lugar de fácil acceso”, sus presupuestos tras una enmienda de UPyD aprobada por el PP. Además, deberán divulgarse la relación de puestos de trabajo, las subvenciones y las retribuciones anuales de los altos cargos, incluidas indemnizaciones.

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