Boadilla agotará el suelo urbanizable y duplicará su población en plena crisis
El Ayuntamiento continúa los planes del Albondiguilla, implicado en Gürtel
El nuevo plan general de Boadilla del Monte mantiene los desarrollos urbanísticos del ordenamiento anterior, de 2001, que agotan el suelo urbanizable y llevan al municipio a casi duplicar su población; los 47.000 habitantes actuales se convertirán en unos 85.000. Con esta propuesta continuista, el PP se anticipa a un posible fallo desfavorable del Tribunal Supremo, que estudia la validez de varias actuaciones del ordenamiento vigente, elaborado en la época del exalcalde Arturo González Panero, El Albondiguilla,uno de los imputados en la trama de corrupción Gürtel.
El plan, apro...
El nuevo plan general de Boadilla del Monte mantiene los desarrollos urbanísticos del ordenamiento anterior, de 2001, que agotan el suelo urbanizable y llevan al municipio a casi duplicar su población; los 47.000 habitantes actuales se convertirán en unos 85.000. Con esta propuesta continuista, el PP se anticipa a un posible fallo desfavorable del Tribunal Supremo, que estudia la validez de varias actuaciones del ordenamiento vigente, elaborado en la época del exalcalde Arturo González Panero, El Albondiguilla,uno de los imputados en la trama de corrupción Gürtel.
El plan, aprobado de forma inicial en el pleno del pasado jueves, ha levantado críticas de grupos ecologistas y de la oposición municipal, que hablan de oportunidad perdida para reducir el techo poblacional. Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, reconoce al equipo de gobierno (PP) una “tibia mejora ambiental”, pero al mismo tiempo denuncia que “la parte sustancial, la ocupación y transformación del 55% del suelo municipal, permanece intacta”. “Hay que denunciar el plan general actual antes hacer uno nuevo, porque es el plan de la trama Gürtel”, asegura Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla.
El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Ruiz, no comparte esta visión y recuerda que los propietarios “tienen derechos adquiridos y el Ayuntamiento se habría enfrentado con cargas inasumibles en caso de haber reducido las construcciones”. Boadilla del Monte ha experimentado un crecimiento de población del 70% en la última década. El parque de viviendas previsto es de 26.399, de las que se han levantado 17.463, según datos municipales.
Entre los logros del plan, se encuentra el carpetazo a la ampliación del campo de golf Las Rejas, auspiciado por tres exalcaldes imputados en la trama Gürtel: Panero, de Boadilla; Jesús Sepúlveda, de Pozuelo; y Guillermo Ortega, de Majadahonda. Sus 13,5 hectáreas pasarán a ser protegidas. También se liberan de edificaciones otras dos zonas. Una de ellas, La Milagrosa (11,2 hectáreas), destinada a albergar una residencia, formará ahora parte del monte de Boadilla. El ámbito Camino Bajo, con edificabilidad para 219 viviendas en parcelas de 500 metros cuadrados, se convertirá en espacio verde público, lo que salvará de la tala a 1.500 especies arbóreas. En este caso, el Ayuntamiento ha otorgado derechos de edificación a los propietarios en otro lugar.
Para Pablo Nieto, portavoz del grupo socialista, el cambio de planeamiento se debe “a que el equipo de gobierno necesita dar seguridad jurídica al plan general, porque el anterior está anulado”. Así lo advierte el documento de avance del plan, en el que se indica que la actuación “no pretende reconsiderar el modelo de desarrollo de ciudad consolidada a lo largo de la última década”, sino adaptarlo a la legislación vigente, cuyo contenido formal impida posibles reclamaciones y recursos.
El edil de Urbanismo argumenta que “es esta consolidación del crecimiento iniciado en 2001 lo que ha permitido que el municipio vaya por delante en equipamiento”. Desde UPyD, el edil Gudelio Oliver matiza que faltan infraestructuras, sobre todo cara al incremento de tráfico que conlleva el aumento de población. En cuanto a una posible bajada del número de viviendas, Oliver opina que “aunque hubieran existido problemas administrativos, el equipo de gobierno ni siquiera se ha planteado dicha opción”. Al documento le queda mucho recorrido antes de que la Comunidad de Madrid dé su visto bueno definitivo. El paso siguiente es la apertura de un periodo de información pública para alegaciones.