La Comunidad reclamará 25 millones al Estado para la justicia gratuita

La Comunidad de Madrid reclamará 25 millones al Ministerio de Justicia por las tasas judiciales recaudadas en la región y que se deberían destinar a la justicia gratuita para garantizar la tutela judicial efectiva para quienes no dispongan de recursos para ello, a quienes se pagaría el abogado o procurador. El número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, envió esta semana una misiva al ministro del ramo y expresidente de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) en la que le pedía que se cumplie...

La Comunidad de Madrid reclamará 25 millones al Ministerio de Justicia por las tasas judiciales recaudadas en la región y que se deberían destinar a la justicia gratuita para garantizar la tutela judicial efectiva para quienes no dispongan de recursos para ello, a quienes se pagaría el abogado o procurador. El número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, envió esta semana una misiva al ministro del ramo y expresidente de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) en la que le pedía que se cumpliera con la ley de tasas judiciales.

El Ejecutivo autonómico tiene las competencias de la justicia gratuita desde hace ocho años, tiempo en el que ha destinado 378 millones, 40 en el último ejercicio. El Gobierno regional ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés en devolver las competencias en materia de justicia al Estado: desde que Madrid se hizo cargo de las competencias, la factura ha ido incrementándose de manera exponencial. Fue el mismo Gallardón el que negoció el traspaso, cuando era presidente autonómico. La Comunidad recibió el primer año nueve millones de euros. Victoria ha vuelto a reclamar a Gallardón tras la reunión semanal del Gobierno madrileño que el Ministerio de Justicia cumpla la ley 10/2012 que obliga a destinar las tasas judiciales al turno de oficio.

Victoria, que también es el consejero de Presidencia y Justicia regional, ha reclamado a Gallardón que revise la ley para evitar situaciones como las de Gerardo Díaz Ferrán, en prisión. La Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2013 a dos años y dos meses de cárcel al expresidente de la patronal madrileña y de la CEOE por un delito fiscal en el caso Aerolíneas Argentinas. La juez Ana María Gallego, titular del juzgado de los Mercantil número 12 de de Madrid, obliga a la Comunidad a poner a Díaz Ferrán –en prisión preventiva desde un año antes, se le acusa de haber ocultado su patrimonio para evitar pagar a los acreedores de Viajes Marsans- un abogado a pesar de reconocer su gran patrimonio, informa Europa Press. El empresario y su mujer tienen seis propiedades en Madrid, Alicante y Platja D’Aro, así como 35 bienes inmuebles rústicos en la provincia de Lugo. Pese a que el valor catastral de sus bienes supera el medio millón de euros, la juez reconoce el derecho de Díaz Ferrán a contar con una asistencia legal gratuita.

"Nos causa estupor que a cargo de los impuestos de los madrileños haya que pagarle el abogado al señor Díaz Ferrán. Entendemos que no le corresponde y debería haber previsiones para que situaciones así no ocurrieran. El administrador de alguien que, como en este caso, se encuentra en un proceso concursal, es quien debería encargarse y no la Administración regional", ha observado Victoria.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid había rechazado la petición de Díaz Ferrán de contar con un abogado defensor exento de pago, al entender que había "signos externos" que demostraban que la pareja dispone de "capacidad económica" para costearse un abogado.