Unas 2.000 casas tienen una orden de derribo pendiente de ejecución
Tres sentencias judiciales desde 2011 afectan a tres municipios de Alicante
Más de 2.000 casas en la provincia de Alicante tienen una sentencia de derribo pendiente de ejecución a partir del 2011. Son tres fallos emitidos por los tribunales que hasta el momento no han tenido efecto práctico. Uno de ellos afecta a una macrourbanización de Orihuela Costa, lo que dispara el número de viviendas sentenciadas. Son resoluciones judiciales que incluso siendo decretadas por el Tribunal Supremo acaban chocando con la resistencia de la Administración para acatarlas. En la mayoría de los casos, según la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, es casi imposible de cumplir...
Más de 2.000 casas en la provincia de Alicante tienen una sentencia de derribo pendiente de ejecución a partir del 2011. Son tres fallos emitidos por los tribunales que hasta el momento no han tenido efecto práctico. Uno de ellos afecta a una macrourbanización de Orihuela Costa, lo que dispara el número de viviendas sentenciadas. Son resoluciones judiciales que incluso siendo decretadas por el Tribunal Supremo acaban chocando con la resistencia de la Administración para acatarlas. En la mayoría de los casos, según la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, es casi imposible de cumplir las sentencias debido a sus “muy significativas” repercusiones económicas.
Hasta el momento no se ha ejecutado ninguna, son sentencias que queman. Un ejemplo fue la decisión del pasado 21 de enero tomada por el juzgado número uno de lo contencioso-administrativo en Alicante, al que la Generalitat pidió autorización para acceder a seis chalets ilegales en la isla de Tabarca (Alicante) después de que sus propietarios se negaran a dejarles pasar el 13 de enero, cuando estaba prevista la demolición.
La decisión del juez fue la de denegar el acceso pese a considerar que no se requiere de permiso para ello con una sentencia del Supremo en mano y que será el Tribunal Superior valenciano (TSJ) el que debería decidir sobre lo que le pregunta la Generalitat.
En Benidorm, dos bloques de edificios a siete metros del mar, Los Gemelos 28, están sentenciados por el Supremo desde julio de 2012. El tribunal consideró nula la licencia de obra concedida por la Generalitat en 2005 a sabiendas de la existencia de un decreto aprobado por el Consejo de Ministros que incluía dentro de la servidumbre de paso y protección de Costas la parcela donde iban a ubicarse las torres.
Cuando se conoció la sentencia, la edil de Turismo y exconsejera del Consell, Gema Amor, fue clara al descartar el derribo y referirse al promotor de las torres, Andrés Ballester, como alguien que “lleva 30 años apostando por Benidorm y construyendo edificios”. En la promotora que vende los pisos, Torres de L'Horta, aseguran que “está claro que tirarlas no las van a tirar”.
El caso que más trae de cabeza al Consell es el de la urbanización La Chismosa (Orihuela), construida hace 15 años, con 2.000 viviendas unifamiliares que el TSJ ordenó tirar en noviembre de 2011 y que siguen ajenos a la piqueta.
Un mar de cemento por legalizar en Orihuela
Orihuela es uno de los mejores ejemplos de la peor depredación urbanística que se ha cebado con diversos puntos de la costa valenciana durante 30 años. A la capital de La Vega Baja, de 16 kilómetros de costa, solo le queda uno por urbanizar, mientras su Ayuntamiento calcula que tiene 10.000 viviendas con irregularidades en su zona de playas.
Las anomalías detectadas por el Supremo en la construcción de La Chismosa no es algo aislado en el territorio oriolano, responde a una gestión del urbanismo con tintes irresponsables y a un patrón de comportamiento de los promotores, explica Antonia Moreno, la exconcejal de Urbanismo que recibió a finales de 2011 la sentencia del Tribunal Supremo para derribar la macrourbanización.
¿Cómo puede ser que una ciudad española de 90.000 habitantes tenga 10.000 viviendas sin regularizar? “El truco”, como dice Moreno, consiste en obtener una licencia de obra para comenzar la urbanización de un solar cuyos servicios quedan inacabados una vez vendidas las viviendas.
Es decir, hecho el negocio, “el urbanizador se desentiende y, generalmente, el aval depositado suele ser menor de lo necesitado por el Ayuntamiento para acabar la obra, lo que repercute en que miles de casas se queden sin licencia de habitabilidad, sin poder reformar, contratar agua o plantearse la posibilidad de montar un negocio en el bajo del edificio”, explica Moreno, que en los más de dos años que estuvo al frente de Urbanismo en Orihuela vio avales por valor de 60.000 euros cuando lo que el urbanizador dejó por construir tenía costes de un millón.
Moreno aprovechó para criticar la gestión del antiguo gobierno del PP, un cuarto de siglo dirigiendo con mayorías absolutas el consistorio oriolano: “Han sido 25 años en el que la concejalía de Urbanismo actuó como una inmobiliaria y ahora el Ayuntamiento (gobernado por Los Verdes y el PSPV) tiene que andar intentando legalizar lo ya construido”. Un ejemplo de estos intentos de legalización es el de Las Palmeras. Esta urbanización gigantesca en la que pueden vivir entorno a 4.000 personas carece del permiso de habitabilidad y el consistorio la intenta legalizar incluyéndola en los llamados PRI (Planes de Reforma Interior).
Moreno, recordó que en La Chismosa “hay adquirientes de buena fe con más de 15 años” de propiedad a los que una sentencia les dice “no solo que es ilegal su casa, sino que se restituya la parcela a su estado original, que se convierta en un solar. Y eso es inejecutable”.