El fiscal pide una fianza de 584.000 euros para un sindicalista en el ‘caso ERE’
Un representante de CC OO comparece como imputado por el ERE del Hotel Cervantes
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer fianzas civiles de 584.000 y 58.000 euros a dos imputados por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), donde se incluyeron dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas). La juez Mercedes Alaya exigió una fianza de 584.000 euros de fianza para José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa por CC OO, cantidad que equivale a las primas pagadas por la Junta, más el tercio legal.
La fiscalía, al igual que en el caso de otros sindicalistas que inte...
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer fianzas civiles de 584.000 y 58.000 euros a dos imputados por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), donde se incluyeron dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas). La juez Mercedes Alaya exigió una fianza de 584.000 euros de fianza para José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa por CC OO, cantidad que equivale a las primas pagadas por la Junta, más el tercio legal.
La fiscalía, al igual que en el caso de otros sindicalistas que intervinieron en la negociación de los ERE, pidió que se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación de Comercio de CC OO.
Para Miguel Rodríguez Ortega, director del Hotel Cervantes, Anticorrupción pidió una fianza civil de 58.000 euros y ninguna para Antonio Isla Barba, miembro del departamento financiero de Hotasa, la división hotelera del grupo Nueva Rumasa que era propietaria del hotel. Mientras que Cabrera se acogió a su derecho a no declarar, Miguel Rodríguez alegó que las decisiones las tomaba Carlos Miranda Bacciarini, director de la división hotelera de Nueva Rumasa, que será citado a declarar en las próximas semanas, informó Efe.
Ayer también compareció el imputado Rafael Isla como gerente de Autos Marbesol, empresa adquirida por el Grupo Nueva Rumasa, a quien la juez atribuye la inclusión en el ERE del Hotel Cervantes del extrabajador de su empresa José Antonio Cuevas “con el fin de que fuera beneficiario de las prejubilaciones pactadas para los trabajadores del hotel sin que tuviera derecho a ello”. No obstante, y después de que no se haya identificado a ninguna persona con este nombre en relación al caso, la magistrada decidió anular la citación.
Mientras, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha pedido a la juez Alaya que le devuelva el DNI, pues se siente “un paria” y “estigmatizado” cada vez que debe mostrar la copia judicial de su documento de identidad. Fernández solicita además a Alaya que suavice la obligación de presentación semanal en el juzgado, pues hace ya 70 semanas que quedó en libertad provisional y debe someterse todos los martes al “paseíllo” de su llegada al juzgado y “superar” a los medios de comunicación.