Un colectivo de guardias civiles denuncia por calumnias al abogado de Porto

La Unión de Suboficiales de la Guardia Civil (USGC) presentó ayer ante el juzgado de guardia de A Coruña una denuncia por supuestas calumnias contra el letrado de Rosario Porto, acusada de asesinar a su hija Asunta, según informa la asociación. La querella se suma a la presentada por los investigadores del caso ante la fiscalía por las declaraciones en las que el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren acusaba a los agentes de "presionar" a testigos para que...

La Unión de Suboficiales de la Guardia Civil (USGC) presentó ayer ante el juzgado de guardia de A Coruña una denuncia por supuestas calumnias contra el letrado de Rosario Porto, acusada de asesinar a su hija Asunta, según informa la asociación. La querella se suma a la presentada por los investigadores del caso ante la fiscalía por las declaraciones en las que el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren acusaba a los agentes de "presionar" a testigos para que modificasen sus declaraciones en favor del criterio del juez instructor, que culpa a los padres de la niña del crimen ocurrido en Santiago el pasado 21 de septiembre.

En un comunicado, la USGC sostiene que "se ha menoscabado gravemente el honor y la dignidad de los guardias civiles encargados de la investigación del caso Asunta al acusarles de la comisión de un delito contra la Administración de Justicia tras declarar públicamente que éstos habían presionado a un testigo para que cambiase su declaración". La asociación subraya que "tales aseveraciones fueron realizadas ante una multitud de medios de comunicación" y añade que "no sólo transmiten hacia la opinión pública dudas sobre la actuación profesional y la integridad de los agentes que han realizado estas investigaciones, sino que, de manera directa e irreversible, mellan el prestigio profesional, la imagen personal y el honor de los funcionarios policiales y la propia Institución de la Guardia Civil".

La USGC descarta que estas afirmaciones del abogado de Porto puedan "ampararse en el ejercicio del derecho de defensa". "Constituyen a nuestro juicio un presunto delito contra el honor contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones", apostilla. El colectivo incide en "la enorme repercusión a nivel nacional en distintos medios de comunicación" de estas declaraciones "en un caso especialmente sensible y mediático dadas las circunstancias que rodean al asesinato de la menor".