El adjudicatario del control aéreo de Castellón anuncia una querella contra EU
Ildefonso de Miguel acusa a la diputada Albiol de haberle causado “graves perjuicios” Considera “injuriosas” sus manifestaciones
La empresa adjudicataria del servicio de control aéreo del aeropuerto de Castellón, Saerco, ha iniciado acciones legales contra la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marina Albiol, por los “graves perjuicios” causados por sus manifestaciones sobre la adjudicación del contrato al administrador único de la empresa, Ildefonso de Miguel.
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La empresa adjudicataria del servicio de control aéreo del aeropuerto de Castellón, Saerco, ha iniciado acciones legales contra la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marina Albiol, por los “graves perjuicios” causados por sus manifestaciones sobre la adjudicación del contrato al administrador único de la empresa, Ildefonso de Miguel.
La diputado afirmó en un comunicado que el empresario era un hombre muy vinculado al Partido Popular por haber sido durante años el número dos del actual presidente de la Comunidad de Madrid en su puesto del Canal de Isabel II. En un burofax, De Miguel ha tildado de “injuriosas” y “calumniosas” las manifestaciones de la diputada y le ha comunicado el inicio de acciones jurídicas necesarias antes de la interposición de una querella al considerar vulnerados sus derechos y los de su empresa.
Albiol, tras tener conocimiento de este burofax, ha criticado en un comunicado que se denuncie a representantes democráticos “por el simple hecho de difundir información pública verdadera, contrastada con la documentación pública que ha proporcionado el Consell, haciendo uso del artículo 12 del reglamento de las Cortes”. Para la diputada, se trata de un “intento de silenciar la tarea de control y de fiscalización de la oposición sin demasiado recorrido”.
Además, ha recordado que está a la espera de las respuestas del Consell a una batería de preguntas que presentó para conocer los detalles de la facturación entre la empresa de la torre de control y el Consell. “Si cada empresa adjudicataria nos denuncia por difundir información pública sobre el proceso de adjudicación, la tarea de control y fiscalización de la oposición desaparecería”, ha explicado.