El fiscal mantiene la pena de cárcel para Gordillo y Cañamero por ocupar una finca
El ministerio reconoce que no se ha identificado a los autores de los daños en Las Turquillas
La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene su petición de siete meses de cárcel para el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por un delito de desobediencia grave durante la ...
La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene su petición de siete meses de cárcel para el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por un delito de desobediencia grave durante la ocupación el verano de 2012 de la finca militar Las Turquillas, en Osuna (Sevilla). Esta solicitud, efectuada en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al que no han asistido ni Sánchez Gordillo ni Cañamero, afecta también a otros dos de los 54 imputados en la causa.
La acusación pública reconoce que no se ha podido identificar a los autores de los daños materiales producidos en la yeguada militar y retiró también la falta de daños que imputaba provisionalmente al entender que ya queda comprendida en el delito de usurpación. El fiscal remarcó que se produjo una ocupación “sin autorización alguna” y con una oposición “expresa” de su propietario, el Ministerio de Defensa.
La Abogacía del Estado, que eleva la petición de cárcel para el diputado de IU, Cañamero y los otros dos “cabecillas” a dos años, mantiene que los hechos constituyeron delitos de usurpación, daños y desobediencia grave, si bien retiró este último para los 50 acusados restantes. La defensa solicita la libre absolución de todos los encausados.
En la última jornada del juicio, han comparecido seis testigos, cuatro propuestos por la fiscalía y otros dos por la defensa. Los cuatro primeros, responsables militares y de la Guardia Civil, han reconocido que se produjeron daños en la finca y que comunicaron a los acampados que no tenían autorización. Los dos restantes han recordado que la acción del SAT era “simbólica".