Castedo y Lorente plantan a Ciscar en la reunión de la ejecutiva del PP

Mientras unos imputados del PP siguen en sus cargos sin demasiados problemas, el cerco hacia otros se intensifica. El presidente provincial del PP en Alicante, José Ciscar, reunió anoche a su comité ejecutivo para hacer balance del curso político antes de las vacaciones con ese objetivo.

A la reunión no asistieron ni la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Bugal, ni la portavoz del PP en Orihuela, Mónica Lorente, que lide...

Mientras unos imputados del PP siguen en sus cargos sin demasiados problemas, el cerco hacia otros se intensifica. El presidente provincial del PP en Alicante, José Ciscar, reunió anoche a su comité ejecutivo para hacer balance del curso político antes de las vacaciones con ese objetivo.

A la reunión no asistieron ni la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Bugal, ni la portavoz del PP en Orihuela, Mónica Lorente, que lidera una moción de censura que ha frenado tanto la dirección regional como la provincial.

El secretario provincial, José Juan Zaplana, excusó las dos ausencias. La de Castedo por actos oficiales y Lorente tenía “cita con el médico”. Sin embargo, Ciscar, aseguró en su discurso que el PP necesita para ganar las elecciones que la situación económica mejore y “que los imputados no estén en nuestras listas”, dijo Sánchez Zaplana. “No nos podemos consentir tener más imputados, la gente no lo pide”, agregó la mano derecha de Ciscar, tras la reunión.

Y en esa situación están tanto Castedo como Lorente. No obstante faltan dos años para las elecciones y la situación judicial de alguna de las dos puede cambiar. Ciscar también habló de la situación del en Orihuela, donde la exalcaldesa Lorente, doblemente imputada, en el caso Brugal por cinco supuestos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a autoridades, y pendiente de otro juicio por ejecutar la obra de reforma de una plaza antes de adjudicarla y de firmar el contrato, pretende volver a ser alcaldesa mediante una moción de censura. Ciscar dejó claro que el PP avala la moción de censura de Orihuela, para desbancar a Los Verdes y al PSPV que gobiernan en coalición, para poner fin a la “inestabilidad del bipartido”.

Pero recordó que la única condición y “exigencia” de la dirección regional y nacional del PP es que “la persona que lidere esa operación no esté imputada”. El problema es que de los 12 concejales que el PP tiene en este Ayuntamiento cinco están imputados o condenados.

La reunión del comité del PP sirvió también para frenar las aspiraciones de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal. El PP de Alicante lleva meses sin dirección local, y con el argumento oficial de que los 14.000 militantes del PP en la capital son “muchos y hay que darles mayor protagonismo y participación” aprobaron trocear el PP de Alicante en distritos. En el fondo, la operación busca frenar las aspiraciones de Castedo de colocar a alguna persona de su confianza al frente de la dirección local del PP, para crear así un contrapoder o una dirección paralela a la ejecutiva provincial que dirige José Ciscar. Al final los militantes se repartirán en cinco distritos diferentes en función del código postal de su residencia. La elección de las cinco ejecutivas se celebrará en septiembre.

En la reunión se tramitaron cien bajas de militantes del PP y 167 altas de nuevos afiliados. El comité ejecutivo informó de la suspensión de militancia del exconcejal, José Antonio Sobrino y de Santiago de Munck que han constituido Esperanza Popular, un foro de opinión interno en el seno del partido. Los militantes sancionados aseguran que pretenden promover “la honradez, la democracia interna, la participación y la ejemplaridad” entre los cargos públicos del PP.

En una nota de prensa, los afectados, descartan que sean “una corriente interna” dentro del PP y aseguran que su único objetivo es la “regeneración política”. La suspensión de militancia y la apertura de un expediente es un “ataque directo” al derecho constitucional de asociación.