Fabra se escuda todavía en Zapatero para no pagar el empleo de discapcitados

Si el Consell no ha pagado las ayudas correspondientes a 2012 a los centros especiales de empleo que cobró, como todas las comunidades autónomas, a finales de diciembre del Gobierno central, es por culpa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo ha afirmado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del PP, en la sesión de control cuando el portavoz socialista, Antonio Torres, le ha preguntado por ello. Pese a que la valenciana es la única comunidad que debe prácticamente todo el año 2012, Fabra alegó que el hecho de que Zapatero dejara sin hacer, al abandonar la Mo...

Si el Consell no ha pagado las ayudas correspondientes a 2012 a los centros especiales de empleo que cobró, como todas las comunidades autónomas, a finales de diciembre del Gobierno central, es por culpa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo ha afirmado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del PP, en la sesión de control cuando el portavoz socialista, Antonio Torres, le ha preguntado por ello. Pese a que la valenciana es la única comunidad que debe prácticamente todo el año 2012, Fabra alegó que el hecho de que Zapatero dejara sin hacer, al abandonar la Moncloa, el presupuesto de 2012, retrasó las ayudas y ha impedido que lleguen a las empresas de trabajo protegido valencianas cuando ya han pasado tres meses y medio del año siguiente.

La explicación se contradice con otra afirmación de Fabra en la misma sesión, según la cual los problemas para hacer frente a las ayudas a las personas discapacitadas obedecen a "las dificultades de un momento de recesión económica". El socialista Torres le replicó: "No hay 15 millones para los centros especiales de empleo y sí que hay 17 millones para el aeropuerto sin aviones. esas son sus prioridades".

El portavoz del grupo socialista ha acusado a Fabra de dejar caer a los dependientes y "maltratar" a los discapacitados con los recortes en las ayudas, la deuda con centros de apoyo, el copago farmacéutico y el ajuste que prepara en los centros especiales de empleo. Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de no cumplir la ley en la contratación de personas discapacitadas. Según Torres, el Consell no hace contratos menores para emplear a discapacitados pero sí supo hacerlos con la trama Gürtel.

Torres ha criticado la reducción del número de dependientes que perciben ayuda y ha asegurado que miles de ellos han fallecido mientras esperaban acceder a esas aportaciones.

Fabra ha asegurado que el Gobierno valenciano va a crear "instrumentos complementarios" para atender las situaciones "injustas" que sufre el colectivo de discapacitados y así evitar su uso "demagógico" por parte de la oposición. Pero el presidente no ha concretado a qué situaciones se refería ni en qué consistirán esos instrumentos. En la Comunidad Valenciana existen 101 casos de personas con discapacidad que tienen que hacer un gasto farmacéutico superior a los 100 euros mensuales tras las medidas de ajuste, según ha contestado el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, quien ha especificado que estos representan el 0,23% del colectivo. "Esos casos nos preocupan uno a uno, los vamos a seguir y vamos a darles solución", ha afirmado Llombart en la misma línea que el presidente de la Generalitat.

Compromís ha centrado su pregunta a Fabra en la actuación del Consell tras el accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas en julio de 2006. El portavoz de la coalición, Enric Morera, que recordado que "públicamente no hubo ningún acto de apoyo a las víctimas" y ha asegurado que algunas víctimas "afirman que intentaron comprar su silencio" ofreciéndoles trabajo. "Intentaron comprar su silencio", ha apostillado. La portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, ha sido más directa al denunciar que Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, "fue casa por casa de las víctimas a ofrecer trabajo a cambio del silencio" y ha preguntado cómo le llaman a eso: "¿Acoso o escrache?". Oltra ha calificado de "inmoral o indecente y repugnante" la actitud del anterior Gobierno valenciano encabezado por Francisco Camps.

Morera ha recordado que un informe de 2005 conocido ahora señalaba graves deficiencias en las unidades que se accidentaron en 2006 porque ya estaban obsoletas, y ha insistido en que también se ha sabido con mucha posterioridad que a la comisión creada en las Cortes Valencianas sobre el accidente acudieron los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat aleccionados por una consultora que cobró por ello 600.000 euros de fondos públicos. Aquella comisión, recordó, la cerró el PP en tiempo récord y Ferrocarrils de la Generalitat organizó "una gran  mariscada pagada con dinero público". El portavoz de Compromís ha añadido que las víctimas del metro "molestaban" en la fiesta de "un gran evento", en alusión a la visita del Papa a valencia, que se produjo tres días después.

Fabra ha eludido esos aspectos más polémico, ha defendido la actuación del Gobierno valenciano presidido por su antecesor, Francisco Camps, con las víctimas y familiares del accidente de metro, y ha asegurado que "mostró su sensibilidad" con ellas". "El Consell estuvo donde tenía que estar", ha añadido. El propio Fabra y la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, han recordado las tres sentencias judiciales que determinaron que no había responsabilidad penal y han insistido en que fue el exceso de velocidad, fruto de una "conducta inexplicable" del conductor del metro, la que causó el accidente.

El diputado de Compromís Juan Ponce, a su vez, ha replicado que "con una baliza de 3.000 euros  se habría evitado el accidente" porque habría frenado el convoy.

La portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, ha planteado el tema de los desahucios y defendido el "derecho democrático a la vivienda". Sanz ha ofrecido a Fabra un pacto sobre una proposición de ley presentada por su coalición en la que se propone una norma similar a la que se ha puesto en vigor en Andalucía. Algo que el presidente del Consell ha desestimado porque rechazó las expropiaciones de viviendas que prevé la ley andaluza.

El presidente de la Generalitat ha anunciado la firma de un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para conocer "inmediatamente" cuándo se produce un desahucio y poder poner "recursos a disposición de esas personas para que no pasen ni una sola noche en la calle". Lo que le ha servido para replicar a Sanz: "Frente a sus expropiaciones exprés, nosotros ofrecemos soluciones exprés".

En las repreguntas, la diputada de EUPV Marina Albiol se ha referido a que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, "que aunque no lo parezca, es muy listo, no se atreve a enfrentarse" a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera a los miembros de este colectivo "nazis, totalitarios y sectarios". La parlamentaria ha preguntado a Fabra: "¿En este tema, usted es más de Rus o de Cospedal?". Rus, que es diputado y estaba en el hemiciclo, ha dicho en voz alta que de quien no es Fabra es de los de Esquerra Unida. "Nosotros somos más de las personas que tienen necesidad", ha respondido el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar.