Sanxenxo toma la iniciativa para desalojar el encierro de preferentistas

El PP impide que el presidente de la Xunta dé explicaciones en el Parlamento sobre la quita a los estafados

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Mientras algunos alcaldes tratan de acercar posturas con los afectados por las preferentes, la regidora de Sanxenxo, Catalina González, del PP, destrozó entre el lunes y el martes la relación más o menos cordial que mantenía con los perjudicados de O Salnés. Primero limitó la entrada de los preferentistas al pleno municipal y a la mañana siguiente puso fuera del edificio a las cinco personas que permanecían encerradas. Todo ello con un desp...

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Mientras algunos alcaldes tratan de acercar posturas con los afectados por las preferentes, la regidora de Sanxenxo, Catalina González, del PP, destrozó entre el lunes y el martes la relación más o menos cordial que mantenía con los perjudicados de O Salnés. Primero limitó la entrada de los preferentistas al pleno municipal y a la mañana siguiente puso fuera del edificio a las cinco personas que permanecían encerradas. Todo ello con un despliegue policial inusitado de hasta 20 agentes, según los afectados.

“No creo que vuelvan a entrar, se salió todo de madre”, justifica una portavoz municipal, que dice que la expulsión fue la consecuencia del lío de la víspera en el pleno. Los afectados estaban molestos porque se limitase la entrada a 50 personas, cuando en convocatorias anteriores habían estado más sin incidentes relevantes. “Teniendo en cuenta todo lo que fue pasando en otros sitios y que habían convocado a los medios, entendimos que iban a venir de todas partes y había que controlar el aforo”, aduce el Ayuntamiento. Pese a ello, un grupo de afectados siguió concentrado ante la puerta durante buena parte del día, con el apoyo de algunos compañeros llegados desde las plataformas de Santiago, Lugo o Pontevedra. “No nos han dado ni una explicación”, se queja José Manuel Vázquez, de la plataforma de O Salnés.

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El aumento de presencia policial en Sanxenxo, que los afectados también notaron la semana pasada en Mos y fue evidente en el congreso del PP de Silleda, el pasado sábado, contrasta con una tímida distensión en O Rosal o Tui. En el primero de estos municipios, foco inicial de las protestas, los perjudicados siguen encerrados pero han dejado de atronar a los funcionarios con las cornetas. “Les hemos dado una pequeña tregua, porque han empezado a llamar a alguna gente a los arbitrajes. Por lo demás, seguimos igual”, dice Argimiro Martínez, uno de los portavoces. En Tui los afectados decidían si anoche si levantaban durante tres días el encierro. Las fiestas de San Telmo y un acto de hermanamiento de la villa con la alemana Versmold, están a la vuelta de la esquina y el alcalde quiere poder usar el salón de plenos. Desde la semana pasada han recibido la llamada para acudir al arbitraje más de 40 tudenses, una circunstancia que ha aliviado algo el malestar. Los afectados tienen pensando asistir, en cualquier caso, a los plenos de hoy en Ponteareas y el sábado en Mondariz.

Mientras, el conflicto de las preferentes se adueñó ayer del debate en el Parlamento, pese a que la mayoría absoluta del PP frustró la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para explicar las quitas que harán perder a los preferentistas de NCG una media del 43% de sus ahorros. La oposición reclamó la alteración del orden del día para introducir la cuestión en el pleno, pero los 41 votos de los populares echaron por tierra el intento. El portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, recriminó al resto de partidos que no incluyeran la cuestión en la junta de portavoces de la semana pasada que diseñó el orden del día de la sesión de ayer. A lo que el socialista Abel Losada replicó que entonces el FROB aún no había decidido la quita. En el debate produjeron duras acusaciones. Losada tildó de “inaudito” el hecho de que Feijóo haya culpado a la oposición de permitir la venta de estos productos y recordó que fue durante la presidencia de José María Aznar cuando se autorizó su comercialización. La portavoz de AGE, Yolanda Díaz, calificó la quita como un “acto de corrupción”, algo que también denunció el nacionalista Francisco Jorquera. Tanto él como su grupo comparecieron con camisetas de la plataforma de afectados. Las alusiones a la quita fueron a partir de entonces constantes durante todo el pleno.

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