Los preferentistas revientan en un día cinco plenos municipales

La primera semana tras el anuncio de la quita a los poseedores de participaciones preferentes de Novagalicia Banco (NCG) empezaba ayer con cinco plenos municipales en la provincia de Pontevedra en la agenda. Los afectados tenían el día marcado en el calendario y consiguieron que las sesiones en Sanxenxo, O Grove, Salvaterra, As Neves y Gondomar fueran pospuestas, a pesar de las tretas de los regidores, todos del PP, para evitar la parálisis administrativa. Solo en O Grove el alcalde, Miguel Ángel Pérez, logró convencer a los manifestantes de que le dejasen aprobar uno de los puntos del pleno, ...

La primera semana tras el anuncio de la quita a los poseedores de participaciones preferentes de Novagalicia Banco (NCG) empezaba ayer con cinco plenos municipales en la provincia de Pontevedra en la agenda. Los afectados tenían el día marcado en el calendario y consiguieron que las sesiones en Sanxenxo, O Grove, Salvaterra, As Neves y Gondomar fueran pospuestas, a pesar de las tretas de los regidores, todos del PP, para evitar la parálisis administrativa. Solo en O Grove el alcalde, Miguel Ángel Pérez, logró convencer a los manifestantes de que le dejasen aprobar uno de los puntos del pleno, ya que se acababa el plazo para prorrogar el servicio de teleasistencia a domicilio.

 En Sanxenxo, la alcaldesa, Catalina González, rompió el equilibrio inestable que mantiene con los afectados, cuyo encierro en el consistorio era relativamente apacible, al limitar la entrada en el lugar y echar la llave hasta media hora antes de la sesión, que se celebraba por la tarde. Hasta 15 afectados, de los que estaban encerrados, se quedaron dentro porque les habían advertido que si se marchaban no podrían entrar después. Luego González limitó el acceso al pleno a 50 de los afectados, que tuvieron que mostrar su DNI. Otros 70 se quedaron fuera. Pese a la presencia de 15 policías, los preferentistas que estaban en el salón de sesiones impidieron celebrar el pleno. “Esto es como un estado de sitio”, denunció el concejal del BNG David Otero.

Los afectados de Gondomar cumplirán la semana que viene cuatro meses de encierro y ya llevan un par de plenos suspendidos. El alcalde, Fernando Guitián, confió en que mover la convocatoria a un lunes a las 9.30 de la mañana pudiese coger despistada a la parroquia, pero llegada la hora estaban puntuales unos 50 perjudicados, según un portavoz, que relata que “el alcalde no atendió a razones y dijo que lo ponía a esa hora porque estaba en su derecho”. Las protestas de los grupos de la oposición y de la plataforma le hicieron finalmente cambiar de opinión y la sesión se pospuso hasta mañana. Más al sur, el alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, se encontró con los afectados en el salón de plenos. “Hubo algún momento tenso, pero nos escuchamos”, explica Xulio Vicente, portavoz de la plataforma de O Rosal. El veteranísimo regidor, que acumula tres décadas en el puesto, amagó con trasladar la sesión a otro despacho y celebrarla a puerta cerrada. “Le dijimos que no era aconsejable”, señala el portavoz de los afectados. Grandal siguió la recomendación y salió del lugar por el garaje, según detalla Europa Press. En As Neves, a su vez, son ya tres con el de ayer los plenos suspendidos. En febrero, previendo la tormenta, el regidor, Raúl Castro, sugirió a sus ediles que no apareciesen por el consistorio. En esta ocasión, las interrupciones de las plataformas forzaron la suspensión. Las reivindicaciones, como siempre, consisten en reclamar a los regidores del PP que abandonen el apoyo de palabra y arriesguen algo para forzar al Gobierno central a renunciar a la quita, tal como hizo el alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, que repite que dimitirá si no llegan las soluciones.

En Vigo también hubo protesta, tanto en la sede central de NCG como en la delegación de la Xunta, adonde se acercaron sucesivamente unos 120 afectados. En la primera parada entregaron sendas cartas en las que advierten de que si el banco tiene pensado cambiar las condiciones de sus contratos —como consecuencia de la quita anunciada— no aceptarán una simple comunicación con 15 días de preaviso, práctica habitual en el sector, y rechazan el argumento de que es la UE la que impone la rebaja. En la Xunta reclamaron una reunión con la delegada provincial para trasladar los problemas de salud que la estafa está provocando en varios afectados.