El PSC pacta con CiU su regreso al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès

Los socialistas fueron desalojados de la alcaldía en 2009 por una moción de los convergentes

CiU y PSC han llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) para garantizar la gobernabilidad del municipio hasta el final de mandato. Hasta ahora, los convergentes ostentaban el gobierno en minoría, y la incorporación de los socialistas supondrá poder desencallar temas que se presentan importantes para la ciudad y que la falta de consenso político impedía materializar.

Un ejemplo de las consecuencias que comportará el pacto es presupuesto municipal, que mañana finalmente se podrá aprobar mañana martes, y que prevé una partida para inversiones hasta aho...

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CiU y PSC han llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) para garantizar la gobernabilidad del municipio hasta el final de mandato. Hasta ahora, los convergentes ostentaban el gobierno en minoría, y la incorporación de los socialistas supondrá poder desencallar temas que se presentan importantes para la ciudad y que la falta de consenso político impedía materializar.

Un ejemplo de las consecuencias que comportará el pacto es presupuesto municipal, que mañana finalmente se podrá aprobar mañana martes, y que prevé una partida para inversiones hasta ahora bloqueada por la falta de acuerdo entre los partidos. El PSC vuelve así al gobierno de Vilafranca, de donde salió en abril de 2009 a raíz de una moción de censura liderada precisamente por CiU, el mismo partido que ahora será su socio de gobierno.

Tanto CiU como PSC aseguran que el pacto tiene que servir para dar salida a proyectos de ciudad que permitan dar un mayor dinamismo económico y social, en el contexto de una crisis económica acuciante. Los dos partidos suman 15 de los 21 concejales que tiene el consistorio de Vilafranca. Y lo cierto es que desde el inicio de mandato la complicidad entre ambas formaciones se ha ejemplificado en debates como el de los pressupostos del año pasado, en el que la abstención del PSC permitió a CiU aprobarlos.

El programa consensuado hasta las próximas municipales pone especial hincapié en medidas contra la crisis y la atención social, pero no olvida proyectos que para las dos formaciones son importante que lleguen a buen puerto, como la creación de la Escuela del Cava y el Vino, la urbanización de la cobertura de la linea del ferrocarril y la demanda para que Vilafranca tenga estación de trenes regionales.

El acuerdo ha conllevado una reestructuración de la organización interna del gobierno. CiU, que ganó las últimas elecciones municipales con un 34% de los votos, tendrá cuatro tenientes de alcalde y el PSC, que obtuvo el 26% de los votos hace dos años, tendrá tres. Los socialistes se encargarán de la coordinación de las áreas de servicios a las personas y relaciones ciudadanas, que incluyen importantes ámbitos de gobierno como bienestar social, educación y salud.

La incorporación del PSC al gobierno local no supondrá un mayor coste económico para el erario municipal, y con esta finalidad la nueva organización interna no prevé cambios entre los concejales que dirigen las regidorías actuales. Los cambios afectan a las direcciones de área.

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Los máximos responsables de los dos partidos, el convergente Pere Regull y el socialista Francico Romero (los mismos que se enfrentaron en la moción de censura de hace casi cuatro años) han sellado el pacto, dejando claro que van a trabajar juntos en todo aquello que atañe al municipio. O lo que es lo mismo, dejan para otras instancias aquellos temas en los que las visiones políticas son diferentes entre ambos partidos.

Para Regull “seria triste” que las pocas posibilidades económicas con las que cuentan los ayuntamientos “queden limitadas por trifulcas entre partidos”. En el mismo sentido se expresa  Romero, para quien “venir de partidos diferentes no impide trabajar juntos”. La nueva composición del ejecutivo local se ha presentado en Vilafranca en un acto público en el que han asistido representantes de los agentes sociales y del mundo empresarial y cultural de la población, para escenificar que el acuerdo debe entenderse como un pacto de ciudad.

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