Trias retira sus ordenanzas fiscales

Barcelona podría verse abocada a prolongar las ordenanzas fiscales de este año a 2013 —lo que recauda en impuestos y tasas municipales—si el gobierno de CiU no consigue los suficientes apoyos de uno de los dos grupos mayoritarios de la oposición, PSC o PP. Esa falta de votos fue, precisamente, lo que obligó al alcalde, Xavier Trias, ayer a retirar la aprobación inicial de las ordenanzas en la sesión del pleno municipal ante la evidencia de que se las tumbarían. Algo que, hasta ahora, no había ocurrido nunca.

“Nos hemos dado un plazo de diez días para negociar con la oposición —PP o PSC—...

Barcelona podría verse abocada a prolongar las ordenanzas fiscales de este año a 2013 —lo que recauda en impuestos y tasas municipales—si el gobierno de CiU no consigue los suficientes apoyos de uno de los dos grupos mayoritarios de la oposición, PSC o PP. Esa falta de votos fue, precisamente, lo que obligó al alcalde, Xavier Trias, ayer a retirar la aprobación inicial de las ordenanzas en la sesión del pleno municipal ante la evidencia de que se las tumbarían. Algo que, hasta ahora, no había ocurrido nunca.

“Nos hemos dado un plazo de diez días para negociar con la oposición —PP o PSC— llegar a un acuerdo”, explicaba en los pasillos la segunda teniente de alcalde, Sonia Recasens. Un acuerdo que, hasta ahora, no se ha buscado, tal como coincidían en criticar todos los grupos de la oposición.

La propuesta de ordenanzas fiscales fue aprobada por la comisión de gobierno y presentada a los medios de comunicación hace dos semanas. El cálculo era ingresar 980 millones de euros en tasas e impuestos, un incremento del 1,3% respecto a 2012. Ese incremento se conseguía, sobre todo, por la introducción de nuevas tasas, como la que se quiere cobrar por la celebración de los matrimonios civiles —de 70 euros más 50 si se hace en sede de distrito o 350 en el Saló de Cent— , la de los test de contraste en caso de positivo de alcoholemias —232 euros— la misma contraprueba si se trata de drogas — 272 euros— y el pago por algunos de los informes para certificar el arraigo de la inmigración. También apostaba por subir un 5% el precio de la grúa; de 147 a 155 euros. En cuando al IBI, se mantenía igual que este año, salvo la revisión catastral.

De todo eso, deberán hablar ahora con la oposición. “Este gobierno tira por la calle del medio, con un punto de prepotencia incluso, y después, cuando ve que se ha acabado el oxígeno, salen todos apelando a la responsabilidad”, ironizaba el líder municipal del PSC, Jordi Martí, que propuso al alcalde que convocara a todos los presidentes de grupo para debatir no solo las ordenanzas, sino también el presupuesto de 2013. La propuesta de negociación fue bien vista por los grupos de ICV-EUiA y por UxB. No de la misma manera por el Partido Popular que insiste en que no es coherente que CiU intente pactar las cuentas con ellos después de cerrar el plan de actuación municipal (PAM) gracias a la abstención del PSC.

El Ayuntamiento de Barcelona respalda una consulta soberanista en la próxima legislatura

No está claro, pues, la capacidad real de negociación ni de las ordenanzas ni de los presupuestos. En esa tesitura, fuentes del gobierno de Trias no descartan, en última instancia, ir a la prórroga de presupuestos.

Sin ordenanzas fiscales a la vista y con un obligado replanteamiento de las tarifas del bicing pero con una consulta soberanista a la vista. El pleno municipal respaldó ayer dar su apoyo al Gobierno catalán para celebre durante la próxima legislatura una consulta soberanista. La propuesta fue defendida por Jordi Portabella (UpB) y contó con el respaldo de CiU e ICV-EUiA, la abstención del PSC y el “no” del PP.

La propuesta insta al Estado a transferir a la Generalitat la competencia de convocar referéndums, y llama a las administraciones a “impulsar el máximo consenso posible para realizar este proceso democrático”.

UpB, CiU e ICV-EUiA se alinearon con la tesis del derecho a decidir de los catalanes. El PSC optó, en esta ocasión, por la abstención invocando que el mejor modelo es el federal y criticando que no era el mejor momento para plantear algo así ya que se está a las puertas de unas elecciones. El PP, como era de esperar, votó en contra pero poniendo en aprietos al alcalde, Xavier Trias, al formularle una pregunta sobre si los distritos de Sarrià o Gràcia —algunos de los que fueron anexionados por Barcelona— podrían promover consultas ciudadadas para recuperar su condición de ciudad y separarse de la capital.

“No seré yo quien se oponga a consultas de la gente, otra cosa es que las promueva yo”, contestó el alcalde a Alberto Fernández Díaz. Esa respuesta provocó algunas protestas de concejales de la oposición ya que Trias rechazó, en el pleno anterior, convocar una consulta ciudadana sobre la idoneidad de la marina de lujo del Port Vell. El alcalde matizó que no quiere que nadie se desvincule de la ciudad pero que sería respetuoso si se promueve una consulta. Trias afeó a Fernández Díaz utilizar el “sentimiento de los catalanes” —en referencia a la consulta soberanista— en sentido equivocado.