Con transparencia, mejor

Es difícil estar en desacuerdo con una de las frases con las que José Antonio Griñán concluyó ayer su intervención en la comisión de investigación de los ERE. “El mejor antídoto contra las prácticas de corrupción es la transparencia”. Una transparencia que, desgraciadamente, faltó durante años en la Consejería de Empleo y que propició un lamentable caso de corrupción que estuvo a punto de arrojar al precipicio a Griñán en las pasadas elecciones autonómicas.

Esta aseveración se compadece mal, sin embargo, con la negativa de Griñán y Manuel Chaves a aceptar ante la comisión, ni siquiera p...

Es difícil estar en desacuerdo con una de las frases con las que José Antonio Griñán concluyó ayer su intervención en la comisión de investigación de los ERE. “El mejor antídoto contra las prácticas de corrupción es la transparencia”. Una transparencia que, desgraciadamente, faltó durante años en la Consejería de Empleo y que propició un lamentable caso de corrupción que estuvo a punto de arrojar al precipicio a Griñán en las pasadas elecciones autonómicas.

Esta aseveración se compadece mal, sin embargo, con la negativa de Griñán y Manuel Chaves a aceptar ante la comisión, ni siquiera parcialmente, la relación causa-efecto entre el procedimiento con el que se daban las ayudas y el fraude. Es evidente que el procedimiento con el que se repartía el fondo (opaco y discrecional, aunque sea legal) es uno de los factores fundamentales para entender este caso. Claro que la corrupción es una cuestión individual (de quien decide ceder a la tentación), pero sin duda es mejor tener mecanismos garantistas y cristalinos dentro de la Administración que eviten un uso espurio del poder.

Este es, quizá, el punto más discutible de las intervenciones de Griñán y Chaves ante los diputados que tienen que dilucidar las responsabilidades políticas en el caso de los ERE. Unas intervenciones en las que, cada uno con su estilo, los dos hablaron de legalidad (del fondo y del procedimiento con el que se daban las ayudas) y de legitimidad (la de sus gobiernos para poner en marcha una política destinada a personas que se quedaban desempleadas en la última etapa de su vida laboral). No sonó a frase gratuita la alusión a la legalidad-legitimidad de la Junta de Andalucía para contar con esta partida presupuestaria.

La metáfora que el ex interventor general Manuel Gómez hizo cuando declaró a finales de agosto ante la comisión sobre los avisos que lanzó al Gobierno acerca del fondo (“si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta o correo electrónico?”) fue la palanca que emplearon PP e IU para intentar poner en apuros a Chaves y Griñán, pero apenas funcionó. En ningún momento el presidente de la Junta ni el expresidente estuvieron contra las cuerdas, aunque la diputada de IU Alba Doblas estuvo más incisiva que el portavoz del PP, Carlos Rojas.

La comisión de investigación echa el cierre con bastantes claves de lo ocurrido, pero sigue sin haber un relato sólido que explique cómo se permitió que en la Consejería de Empleo se manejase alegremente dinero público durante casi una década sin que nadie tomase medidas a tiempo.

Sería deseable que el compromiso adquirido por Griñán de aprobar una ley de transparencia que permita a todos los ciudadanos acceder a cualquier contrato que haga la Administración autonómica se materializase pronto, y no se quede en un mero anuncio para salir del paso o diluir luego sus intenciones en la redacción final. La corrupción es una de las causas más decisivas en la desafección ciudadana hacia la política y la falta de transparencia está, precisamente, en el origen del caso de los ERE. Si a la legalidad y la legitimidad se le suma la transparencia, mejor.