Crítica sindical al sobresueldo por arbitrar las preferentes
El Gobierno mantiene su propuesta, e informó que los funcionarios se trasladarán a Consumo y recibirán una formación específica
Pese a las críticas de los sindicatos por lo que consideran que puede dar lugar a tratos de favor, la Xunta mantiene su intención de elegir a dedo a qué funcionarios desplazará de otras consellerías para reforzar el Instituto Galego de Consumo y resolver la avalancha de arbitrajes por las participaciones preferentes de las cajas. Cada funcionario trasladado temporalmente deberá resolver un mínimo de cinco laudos arbitrales al día, pero si resuelve diez por jornada cobrará unos 2.000 euros de sobresueldo al mes....
Pese a las críticas de los sindicatos por lo que consideran que puede dar lugar a tratos de favor, la Xunta mantiene su intención de elegir a dedo a qué funcionarios desplazará de otras consellerías para reforzar el Instituto Galego de Consumo y resolver la avalancha de arbitrajes por las participaciones preferentes de las cajas. Cada funcionario trasladado temporalmente deberá resolver un mínimo de cinco laudos arbitrales al día, pero si resuelve diez por jornada cobrará unos 2.000 euros de sobresueldo al mes.
La Xunta presentó ayer a los sindicatos en la Mesa da Función Pública su propuesta para reforzar Consumo. En esa reunión los representantes sindicales le transmitieron al Gobierno gallego que, más allá de que la designación a dedo de los funcionarios a trasladar pueda suponer un trato de privilegio por la opción a ingresar un sobresueldo, la medida supone un agravio comparativo para los trabajadores que ya hay en Consumo. Esos funcionarios tendrán igualmente mayor carga de trabajo pero sin ninguna compensación a cambio.
Pese a las quejas, el Gobierno gallego mantuvo ayer su propuesta, limitándose a comunicarles a los sindicatos que los funcionarios que se trasladarán a Consumo recibirán una formación específica en arbitrajes de ocho horas y que su elección se hará siguiendo criterios “objetivos”. La Xunta ni les detalló cuáles serán esos criterios ni el texto que regula ese traslado dice nada al respecto, limitándose a consagrar la libertad de cada consellería para elegir a qué trabajador cede.