Los 75 despedidos de Muebles Hermida llevan el ERE al juzgado
El abogado afirma que la resolución de la Xunta que aprueba los despidos tiene "defectos tanto de forma como de fondo"
El ERE que afecta a 75 de los 195 trabajadores de Muebles Hermida, en el ayuntamiento lucense de Lourenzá, se resolverá finalmente en los tribunales. “Estamos pendientes de que el juzgado de lo social cite a todas las partes para la celebración de la vista de juicio y ahí se decidirá si la resolución de la Consellería de Traballo es acertada o desacertada”, explicó ayer el abogado que representa a los afectados por los despidos, Alberte Xullo Rodríguez Feixoo. La demanda de los trabajadores se produce después de que la Dirección Xeral de Relacións Laborais rechazara el recurso de alzada que se...
El ERE que afecta a 75 de los 195 trabajadores de Muebles Hermida, en el ayuntamiento lucense de Lourenzá, se resolverá finalmente en los tribunales. “Estamos pendientes de que el juzgado de lo social cite a todas las partes para la celebración de la vista de juicio y ahí se decidirá si la resolución de la Consellería de Traballo es acertada o desacertada”, explicó ayer el abogado que representa a los afectados por los despidos, Alberte Xullo Rodríguez Feixoo. La demanda de los trabajadores se produce después de que la Dirección Xeral de Relacións Laborais rechazara el recurso de alzada que se presentó contra la resolución favorable al expediente que emitió en su día la jefatura provincial de la consellería.
“La resolución que aprueba el ERE no es conforme a derecho”, afirma el letrado de los afectados por el ERE. “Había defectos tanto de forma como de fondo”. Esta empresa, que estuvo entre las más pujantes de A Mariña luguesa y que ahora se ve golpeada por la crisis, llegó a contar en su plantilla con más de 200 operarios.
Rodríguez Feixoo coincide con lo denunciado recientemente por la consellería sobre la proliferación de ERE fraudulento. “Lo que constata la consellería es un hecho que se viene reiterando por parte de los defensores de los trabajadores afectados por esos expedientes. Se está aprovechando la circunstancia económica negativa para deshacerse de trabajadores por un precio muy barato que además, en la mayoría de los casos, acaba abonando el Estado”, denuncia el abogado.