Los jueces proponen reducir de 21 a 12 los partidos judiciales de la región

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, votará hoy el proyecto de bases para una nueva demarcación judicial. Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apuesta por la fusión de los partidos judiciales existentes. Cada una de estas demarcaciones judiciales, que son las unidades territoriales para la administración de justicia, abarca en la actualidad varios municipios. En concreto, en la comunidad de Madrid hay en estos momentos ...

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, votará hoy el proyecto de bases para una nueva demarcación judicial. Este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apuesta por la fusión de los partidos judiciales existentes. Cada una de estas demarcaciones judiciales, que son las unidades territoriales para la administración de justicia, abarca en la actualidad varios municipios. En concreto, en la comunidad de Madrid hay en estos momentos 21 partidos judiciales que tienen jurisdicción sobre las 179 localidades de la región. El informe del CGPJ que será votado hoy pretende una reducción de casi el 50%, pasando de los 21 actuales a 12.

La elaboración del informe por parte del pleno del CGPJ, "lejos de pretender invadir competencias legalmente atribuidas a otros poderes e instituciones del Estado", no implicará de forma directa una modificación de las demarcaciones judiciales existentes. Y es así porque el Ministerio de Justicia es quien tiene las competencias. No obstante, el CGPJ se ve en la obligación de aportar su versión, pues de lo contrario, según el informe: "El consejo faltaría a su responsabilidad institucional, como órgano constitucional, si se limitase a mirar para otro lado".

Esta reorganización tendrá como principal consecuencia el aumento del número de personas atendidas por cada partido judicial. Pero al mismo tiempo, la media de habitantes por cada juzgado se equilibra. Es decir, las unidades judiciales adscritas a pequeños municipios elevan su media de población, mientras que los juzgados de las grandes localidades bajan su media de habitantes.

Las fusiones previstas en el informe serían las de Valdemoro-Aranjuez (194.267 habitantes); Majadahonda y Pozuelo (240.308 habitantes); Alcobendas, Colmenar Viejo y Torrelaguna (361.963 habitantes); Móstoles y Navalcarnero (425.331); Torrejón de Ardoz y Coslada (357.542); Collado Villalba y San Lorenzo del Escorial (242.456); Leganés y Alcorcón (355.526); y Getafe y Parla (333.836). Los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Fuenlabrada y Madrid no sufrirían variaciones, según la propuesta.

Pero el documento que será votado hoy, si no se pospone, que se define como "unas ideas iniciales", no entra "en el problema de la planta judicial" y tampoco "en las posibles cabeceras del partido o circunscripción resultante al tratarse de una competencia de la comunidad autónoma respectiva".

El informe previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que será votado hoy, tiene como finalidad superar los criterios de la ley aprobada en 1988 para conseguir una mayor especialización. Como por ejemplo la extensión de los juzgados de violencia contra la mujer. Según la normativa vigente, los partidos judiciales tendrían que tener un mínimo de 50.000 habitantes y una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, con la población comprendida en un radio de 15 kilómetros del juzgado. Pero la mejora de las comunicaciones viarias hacen que el CGPJ considere que los partidos pueden atender a una población superior a los 100.000 habitantes. No obstante, esta modificación evitaría que el tiempo del desplazamiento exceda la hora de duración.

Esta reordenación, según el informe, “no tiene por qué suponer la desaparición de toda presencia judicial”. En algunos casos, los cambios pasarán por el mantenimiento de las infraestructuras, pues en unos municipios podría permanecer los juzgados de lo penal y en otros los civiles. Pero en demarcaciones en las que la litigiosidad “no justifique el mantenimiento del juzgado en bloque, podrá valorarse la existencia de una oficina”. En otros partidos los juzgados podrían “sustituirse” por oficinas para atender el desplazamiento eventual de los jueces. “Y en última instancia, por su simple desaparición”.

Es precisamente este último punto, la desaparición de los partidos judiciales, el que preocupa a los Ayuntamientos concernidos en las fusiones. “Está claro que para los ciudadanos de Parla no va a significar ninguna ventaja. Más bien al contrario, profundizará en la paralización de la justicia en la zona”, explica el alcalde socialista de Parla, José María Fraile (PSOE), que especifica: “Los juzgados de Parla no están preparados para asumir el flujo de casos procedentes de poblaciones más grandes, pero nadie nos informa de nada”, se lamenta el regidor parleño.

En similares términos se expresa el primer edil de San Fernando de Henares, Julio Setién (IU): “Perderíamos nosotros y Coslada. Esta redistribución no nos parece lógica porque ahora mismo hay un déficit de juzgados. El número de casos no para de crecer y no se crean nuevas unidades judiciales”. Pero a Setién le preocupa otra variente de la posible reordenación de las demarcaciones judiciales: “Si al final se trasladan los juzgados de Coslada [cabeza de partido judicial] a Torrejón de Ardoz nuestros vecinos de San Fernando no tendrían un autobús directo con este último municipio. Y eso perjudicaría a mis conciudadanos”, sostiene contrariado este regidor.

Por su parte, Ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Coslada o Pozuelo de Alarcón, en teoría afectados por la reordenación, han preferido no hacer declaraciones.

En el PSOE, los concejales de la oposición de Coslada y Aranjuez, dos de los municipios hasta ahora cabeza de partido judicial y que podrían perder esta condición, aseguran que la iniciativa de los jueces “es muy negativa” para estas localidades. “No veo el ahorro. Al final lo que quieren es reducir personal. Pero solo van a conseguir alargar los procesos judiciales”, relata el exalcalde socialista de Coslada Ángel Viveros.