Madrid pide una regulación común sobre prostitución para todas las ciudades
Propone cerrar un acuerdo en la FEMP para usarlo como “punto de apoyo” en las ordenazas locales y trasladárselo al Gobierno
El Ayuntamiento de Madrid considera “necesario” que los municipios españoles consensúen una “línea común” sobre la prostitución, para usarla como “punto de apoyo” a la hora de regular esta práctica a nivel local, y para trasladársela al Gobierno central, que es quien tiene las competencias legislativas para resolver de una vez por todas los problemas asociados.
El vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, ha recordado que Madrid no cuenta con una ordenanza específica, pero ultima un plan integral que se presentará en las próximas semanas, “basado en el modelo de otras ciudades...
El Ayuntamiento de Madrid considera “necesario” que los municipios españoles consensúen una “línea común” sobre la prostitución, para usarla como “punto de apoyo” a la hora de regular esta práctica a nivel local, y para trasladársela al Gobierno central, que es quien tiene las competencias legislativas para resolver de una vez por todas los problemas asociados.
El vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, ha recordado que Madrid no cuenta con una ordenanza específica, pero ultima un plan integral que se presentará en las próximas semanas, “basado en el modelo de otras ciudades europeas”. Villanueva respondía en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local a preguntas de periodistas, interesados por saber la opinión del Ayuntamiento sobre la medida anunciada en Barcelona.
En España la prostitución es alegal (no está ni permitida ni prohibida). Algunas ciudades vetan en sus ordenanzas el ofrecimiento de servicios sexuales de pago en sus calles. Albacete y Sevilla, por ejemplo, multan a los clientes con hasta 3.000 euros. Badajoz, Alicante o Granada sancionan también a las prostitutas.
Barcelona desea acabar con la prostitución en sus calles, y, para ello, el Gobierno local (CiU), a propuesta del PP (de cuyo apoyo político depende), endurecerá el régimen sancionador: plantea eliminar los avisos previos a las multas, y elevar la cuantía de éstas hasta los 3.000 euros.
El Gobierno catalán (CiU) ha asegurado hoy que su intención es imponer cada vez más trabas a esta práctica para llegar al “estadio ideal último de la abolición”. Sancionará con hasta 30.000 euros a clientes y prostitutas que ejerzan en las carreteras catalanas, y prevé prohibir la prostitución callejera.