La Audiencia juzga al alcalde de Coslada (PP) por favorecer al exjefe de policía
Raúl López Vaquero acusado de un delito de prevaricación por favorecer a Ginés Jiménez El edil se enfrenta a una pena de inhabilitación y cargo público durante nueve años
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del lunes al actual alcalde de Coslada, Raúl Vaquero López (PP), acusado de un delito de prevaricación por el que se enfrenta a una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante nueve años, según consta en la denuncia de la fiscalía, que le acusa de no ejecutar las sanciones impuestas al exjefe de policía de Coslada Ginés Jiménez por un expediente disciplinario.
En concreto, la imputación del regidor de Coslada tiene como origen un expediente abierto en 2000 contra el que entonces era el oficial jefe de la policía ...
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del lunes al actual alcalde de Coslada, Raúl Vaquero López (PP), acusado de un delito de prevaricación por el que se enfrenta a una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante nueve años, según consta en la denuncia de la fiscalía, que le acusa de no ejecutar las sanciones impuestas al exjefe de policía de Coslada Ginés Jiménez por un expediente disciplinario.
En concreto, la imputación del regidor de Coslada tiene como origen un expediente abierto en 2000 contra el que entonces era el oficial jefe de la policía local, que acabó con una resolución sancionadora al considerar el equipo de Gobierno anterior, del PSOE, que Ginés Jiménez había incurrido en seis faltas graves. Ginés Jiménez era objeto de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 10 meses y quince días. La decisión del Ayuntamiento fue recurrida por el expolicía en los tribunales, que acabaron dando la razón al Consistorio. Pero según el escrito de la acusación Raúl Vaquero, que había sido elegido como alcalde el 14 de junio de 2003, dio instrucciones por escrito para desistir de la ejecución de la sentencia, y no oponerse a la devolución del aval existente, “con el fin de evitar el cumplimiento de las sanciones impuestas”. Esta decisión generó, según la fiscalía, un beneficio para Ginés Jiménez, “de manera injusta y arbitraria”. El ministerio público también acusa al regidor de no dictar ninguna resolución administrativa que ejecutara las sanciones impuestas por el decreto de la alcaldía socialista de fecha 23 de febrero de 2001, que imponía una sanción al expolicía, “impidiendo de manera efectiva que se cumplieran”.