Vía libre para legalizar Barreiros con 14 millones
Feijóo: “Si los promotores no aportan siete millones, no habrá convenio”
Tras retirar las denuncias en el juzgado que había presentado el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, renunciar a la vía judicial contra el Ayuntamiento de Barreiros y diseñar un plan supramunicipal para dotar de servicios a Barreiros —donde el alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, concedió licencias para construir 3.000 edificios, algunas de ellas declaradas ilegales— el de ayer fue el penúltimo trámite de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo para dar carta de naturaleza al caos inmobiliario del municipio lucense. En su reunión semanal, el Gobierno dio luz verde a los dos planes sectoriales para “me...
Tras retirar las denuncias en el juzgado que había presentado el Gobierno de Emilio Pérez Touriño, renunciar a la vía judicial contra el Ayuntamiento de Barreiros y diseñar un plan supramunicipal para dotar de servicios a Barreiros —donde el alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, concedió licencias para construir 3.000 edificios, algunas de ellas declaradas ilegales— el de ayer fue el penúltimo trámite de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo para dar carta de naturaleza al caos inmobiliario del municipio lucense. En su reunión semanal, el Gobierno dio luz verde a los dos planes sectoriales para “mejorar y ampliar las infraestructuras básicas de abastecimiento y saneamiento en Barreiros”.
Se trata de pagar con fondos públicos las obras que debieron llevar a cabo los promotores inmobiliarios en unos suelos sobre los que distintas sentencias judiciales no se podía edificar. De los 14 millones que costarán las obras, la Xunta aportará el 40%, la Diputación de Lugo que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro que participa en el acuerdo para legalizar Barreiros, el 10% y la mitad correrá a cargo del Gobierno municipal. Aunque no consta en el acuerdo por escrito firmado a tres bandas por los representantes de las instituciones, tanto el presidente, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, insisten en que los fondos municipales deberán aportarlos los promotores inmobiliarios. Ayer cuando se le preguntó al presidente qué garantías hay de que las empresas constructoras aporten ahora el dinero que no pusieron en la época de expansión del ladrillo, Feijóo despejó la cuestión y pidió que se le trasladase al regidor de Barreiros, a quien el fiscal denunció por prevaricación precisamente por conceder esas licencias en un caso que instruye un jugado de Mondoñedo. “Cómo consigue obligar a los promotores es una responsabilidad del Ayuntamiento que estoy convencido que dará cuenta de la misma, sin eso no hay posibilidad de convenio”, advirtió.
La Xunta alega que paga a proveedores en 45 días y el Sergas, en 90
Las inversiones anunciadas ayer se destinarán a la red de saneamiento y abastecimiento de aguas. Costarán 10 millones de euros. En una segunda fase las tres instituciones y en el caso de que el Ayuntamiento logre su objetivo, también los promotores inmobiliarios, aportarán otros cuatro millones para la red viaria. Según explicó el presidente, las infraestructuras “cuentan con los informes favorables del Gobierno central, la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Barreiros”.
Los informes medioambientales del Ejecutivo gallego llevan la firma de la Secretaría Xeral de Avaliación Ambiental, bajo el paraguas de la Consellería de Hernández, el padre del proyecto. En ellos se detalla que las obras del sistema de abastecimiento afectan a la Red Natura en la toma de agua del río Masma y la red de saneamiento a varias conducciones en la playa da As Catedrais. No obstante valida la actuación porque considera que el fin que persigue el plan compensa con creces ambas afecciones en la Red Natura. De hecho, el proyecto permitirá retirar una depuradora de ese espacio protegido, informa David Reinero. El Consello de la Xunta sirvió también para que Feijóo anunciase su intención de pagar otros 250 millones de euros en facturas en este mes para que la demora media del cobro de los proveedores de la Administración gallega se sitúe en 45 días, a excepción del Sergas que paga en tres meses. El presidente se felicitó del logro porque “supone poder mantener los servicios públicos”.
También hizo ver que el recorte a los funcionarios servirá para que su Gobierno no tenga que acometer más recortes ni siquiera cuando se vea obligado a reformular las cuentas públicas una vez que el Ejecutivo de Rajoy apruebe su Presupuesto.