"Le dije que no quería trabajar y me pegó un puñetazo en la cara"

Ioan Clamparu, 'Cabeza de Cerdo', está acusado de cuatro delitos de prostitución, uno de menores En el juicio que hoy ha comenzado una testigo asegura que todos sabían que tenía 17 años Tras obligarla a abortar le introdujeron un algodón en la vagina para que siguiera prostituyéndose

Ioan Clamparu, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.EFE

Andrea, nombre ficticio asignado a la única testigo protegida en el juicio que esta mañana se inició en la Audiencia Provincial de Madrid contra el rumano Ioan Clamparu, más conocido como Cabeza de Cerdo, considerado por la policía como el principal capo del tráfico de mujeres en Europa, ha narrado el 'infierno' que vivió en 2000, cuando un conocido, de nombre Mijhail, le pagó un billete para ir a trabajar de camarera en España. “Me llevaron a un piso de Carabanchel Alto, al ...

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Andrea, nombre ficticio asignado a la única testigo protegida en el juicio que esta mañana se inició en la Audiencia Provincial de Madrid contra el rumano Ioan Clamparu, más conocido como Cabeza de Cerdo, considerado por la policía como el principal capo del tráfico de mujeres en Europa, ha narrado el 'infierno' que vivió en 2000, cuando un conocido, de nombre Mijhail, le pagó un billete para ir a trabajar de camarera en España. “Me llevaron a un piso de Carabanchel Alto, al lado de un cuartel”. Allí vivían dos chicas más, y una de ellas hacía de jefa. “Me acuerdo que le dije a Monika que no quería dedicarme a eso”. Pero no le hicieron caso. Al día siguiente de llegar de Rumania, Andrea fue trasladada en taxi a la Casa de Campo y allí le dijeron que tenía que prostituirse. “No me quedó otra”, ha asegurado esta mujer con una voz dominada por el miedo, que entonces tenía 17 años, y que esta mañana acudió a la Audiencia totalmente tapada y con gafas de sol para no ser identificada por los miembros de la banda. “El segundo día le dije a Clamparu que no quería trabajar de prostituta y me pegó un puñetazo", ha explicado esta mujer que durante su declaración hablaba con una voz apenas audible.

Clamparu era el jefe de la organización criminal dedicada a la prostitución que en 2000 obligaba a prostituirse a más de un centenar de mujeres rumanas en la Casa de Campo (Madrid). Ejercía este control por la fuerza y ayudado por otros hombres de la banda. Con palizas continuas a las mujeres, que en su mayor parte llegaban a España con pasaportes falsos y engañadas. En busca de un puesto de trabajo. Las captaba en su país de origen, Rumania, y al igual que Andrea trasladaba a todas las mujeres a España con la promesa de que iban a trabajar de camareras, según las testigos del juicio que ayer se celebra en la Sección 3ª de la Audiencia contra Clampanu. Este hombre, de 43 años, ya ha sido condenado por un tribunal de su país de origen a trece años de cárcel, y en España se enfrenta a una pena de 28 años de prisión como presunto autor de cuatro delitos de prostitución, un quinto de prostitución de una menor, y el último por obligar a esa menor a abortar.

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Pero la realidad que vivían las mujeres prostitutas era muy distinta: una semana después de llegar a España la banda las obligaba a trabajar en la madrileña Casa de Campo a la fuerza. De diez de la noche a cinco de la mañana. Si se negaban o trataban de escaparse, era Clampanu, quien con sus casi dos metros de altura y una complexión muy fuerte asestaba las palizas a las mujeres, que sentían auténtico "miedo" a Clamparu, que fue detenido en España sin su banda a finales del año pasado.

En esta primera jornada de la vista oral, también han declarado dos de las mujeres que según la fiscalía fueron obligadas a prostituirse por los miembros de la organización criminal. Sus testimonios han puesto de manifiesto la realidad de explotación de estas mujeres: "Si yo sé que me obligan a abortar no me voy a España", ha asegurado Andrea, que también explicó: "Todos sabían que era menor de edad".

Clamparu era uno de los fugitivos más buscados por Interpol y por la Policía Nacional, un criminal rumano que montó un negocio de prostitución en la Casa de Campo y lo dirigió sin que apenas ninguno de sus centenares de empleados llegara a verle la cara. Su negocio comenzó en Rumania en el año 2000, según el Ministerio Fiscal. Allí captaba mujeres para trasladarlas a España. Cuando llegaban a Madrid las llevaban a un piso ocupado por una o dos madames, les quitaban el pasaporte y les enseñaban su nuevo lugar de trabajo, la Casa de Campo, según la policía.

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Clamparu, reclamado también por Rumanía e Italia por delitos de tráfico de seres humanos y de narcotráfico, obsesionó durante años a la policía española y europea, que lo buscó denodadamente hasta que se entregó él mismo a finales de septiembre alegando que estaba cansado de vivir en la clandestinidad. La policía, sin embargo, defiende que estaba presionado porque su imagen había sido difundida en el canal de las Fuerzas de Seguridad en internet y su nombre estaba incluido en la lista de los fugitivos más buscados.

Las cartas sobre la mesa del tribunal

La estrategia de la defensa de Ioan Clamparu pasa por demostrar que este no tenía nada que ver con la red de prostitución de mujeres rumanas. Y que no obligó a la menor, identificada con el nombre ficticio de Andrea, a abortar en una clínica madrileña. Por eso leyó tres extractos de cartas que supuestamente había escrito la joven y que están incluidas en la causa. El primero decía: "Soy consciente de que no me puedo permitir tener un hijo y mucho menos con esta profesión de prostituta que tengo". El segundo también se refería al aborto: "Desde que he hecho esto no puedo dormir por las noches con un niño que me pregunta por qué lo he matado". Y la tercera: "Solo Dios sabe que no he querido matarlo". Con estos textos, el abogado de Clamparu intentó demostrar que la menor no había sido obligada a abortar. La fiscal interrumpió la lectura alegando que las citas estaban "fuera de contexto", algo que rechazó el tribunal.

También declararon tres de los empleados de la clínica madrileña en la que presuntamente se realizó el aborto ilegal. En todos los casos, tanto la trabajadora social como el psicólogo y el ginecólogo negaron que la menor fuera coaccionada en su presencia para que interrumpiera el embarazo: "Siempre que detectamos la mínima duda por parte de la mujer le decimos que se lo piense mejor", aseguró el psicólogo del centro sanitario madrileño.

Asimismo, la defensa interrogó repetidamente a los agentes sobre si habían visto a Clamparu controlar o pegar a las mujeres. En todos los casos la respuesta fue negativa.

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