Elevada la petición de condena para el acusado de matar a su novia en Brunete
El ministerio público aumenta a 22 años y seis meses su petición al apreciar la agravante de parentesco La defensa rebaja la solicitud de pena por ser el imputado consumidor habitual de cocaína
El fiscal ha elevado de 20 a 22 años y medio y un día la petición de condena para Sergio González Moreno, el hombre acusado de asestar 82 puñaladas a su compañera sentimental Ivana Sanz Fanego, de 36 años, ocurrido el 21 de enero de 2010. El ministerio público ha apreciado la agravante de parentesco que hasta el momento no había recogido en su escrito de acusación.
La última sesión del juicio antes de entregar el objeto de veredicto al jur...
El fiscal ha elevado de 20 a 22 años y medio y un día la petición de condena para Sergio González Moreno, el hombre acusado de asestar 82 puñaladas a su compañera sentimental Ivana Sanz Fanego, de 36 años, ocurrido el 21 de enero de 2010. El ministerio público ha apreciado la agravante de parentesco que hasta el momento no había recogido en su escrito de acusación.
La última sesión del juicio antes de entregar el objeto de veredicto al jurado (las preguntas que deberán responder los nueve componentes para saber si es culpable o inocente) también ha deparado una nueva modificación. La defensa de González ha pedido que se rebaje de ocho a cinco años el internamiento del supuesto autor porque ha pedido que se reconozca la atenuante de drogadicción.
El fiscal ha hecho un relato de hechos en el que queda acreditado, según su versión, que Sergio González quedó la mañana del 21 de enero de 2010 y estuvo con su víctima en la vivienda de esta consumiendo cocaína y que en un determinado momento se inició una discusión entre ambos. Él cogió al menos cuatro armas blancas y asestó numerosas cuchilladas por el cuerpo. “¿Tenía Ivana alguna posibilidad de salvarse ella, que tenía un complexión mucho menor que él y sobre todo tras haber cerrado la puerta con llave para evitar que alguien la pudiera auxiliar?”, ha preguntado el ministerio público en su alegato final.
Sergio González actuó con ensañamiento, según el fiscal, ya que asestó numerosas cuchilladas a la víctima y alargó sin necesidad el sufrimiento que esta sufría antes de matarla. “Los forenses ya han acreditado que la última puñalada, la que le afectó al corazón, fue la que la mató”, ha destacado el ministerio público. Este ha rechazado que el acusado tuviera problemas psiquiátricos o que la depresión que sufre pudiera afectar a su nivel cognitivo o volitivo.
“Los análisis no reflejan que hubiera consumido tanta cocaína como ha dicho el acusado. Consumía de forma esporádica, porque, si tuviera que consumir tanta cocaína como dijo, tendría que ser millonario. El gramo de cocaína cuesta unos 20 euros en el mercado negro”, ha explicado el fiscal. “Si hubiera consumido tanto como dijo, no se habría tenido en pie ni podría haber ido a por más droga, coger el coche o ir a casa de Ivana”, ha añadido.
La acusación particular primera, ejercida por los padres de la víctima, se ha adherido a la petición del fiscal de 22 años, seis meses y un día. Ha defendido la memoria de Ivana Sanz, ya que, en su opinión, la defensa ha estado “desprestigiando su memoria durante todo el juicio”. “Causó mucho más dolor del necesario para acabar con su vida. Además, es la puñalada mortal la última, pero había muchas más que la habrían matado. Además, la remató ya en el suelo”, ha explicado la letrada.
La acusación particular segunda, que representa a las hijas y el exmarido de Ivana Sanz, ha mantenido su solicitud de 20 años de prisión para el acusado, mientras que la acción popular (ejercida por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas) tampoco ha modificado su petición de 25 años de prisión. El letrado de esta parte aprecia diversas agravantes como alevosía, abuso de autoridad, parentesco y uso de un lugar apropiado para el crimen, donde la víctima se encontraba sin posibilidad de auxilio, como era su domicilio.
Por su parte, el abogado que defiende a Sergio González, Javier Barreiro, ha pedido que la pena se cambie por el internamiento en un centro psiquiátrico durante cinco años. Aprecia un delito de homicidio con dos atenuantes: problemas psiquiátricos (depresión y trastorno de la personalidad indefinido) junto con el consumo habitual de cocaína, a la que le llevó la propia víctima. De este modo, pide una rebaja de ocho a cinco años de condena que no la cumpliría en una prisión sino en un centro especializado para enfermos mentales.