Las claves del proyecto de ley con el que el ultraderechista Milei busca ampliar sus facultades

El ultraderechista Javier Milei remitió este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años y con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más. Son reformas que no pudo in...

El ultraderechista Javier Milei remitió este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años y con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más. Son reformas que no pudo incluir en el megadecreto que firmó hace unos días y que este viernes entra en vigor. La ley empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Si es aprobada, el mandatario concentrará competencias que corresponden al Poder Legislativo, donde su partido, La Libertad Avanza, está en minoría. La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos.

Reforma del sistema político

El proyecto de ley elimina las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una instancia de votación en la que los electores definen a los candidatos de cada partido. Además, busca hacer una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar legisladores a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de Gobierno, La Libertad Avanza. Entre otras modificaciones, también quita los espacios de propaganda gratuitos para los candidatos y elimina el tope para aportantes.

Castigo a las protestas sociales

El proyecto incluye un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Las penas van de un año a seis años, según el caso. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación –incluso las “espontáneas”– y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ampliación del derecho de legítima defensa

En materia de seguridad, el proyecto de ley también introduce modificaciones al Código Penal para ampliar el derecho de la legítima defensa y dar un respaldo mayor a las fuerzas de seguridad. En este punto, el texto establece, además, que quien comete un delito o sus parientes (en caso de fallecimiento) “carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida”. El texto también legisla sobre la “resistencia a la autoridad” y establece penas de hasta seis años para quien “empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel”.

Empresas públicas “sujetas a privatización”

La iniciativa define que 41 empresas públicas están “sujetas a privatización”. En la lista figuran la petrolera YPF; la compañía aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas; los ferrocarriles o el correo; la Casa de la Moneda o medios públicos, como la agencia de noticias Télam. El texto justifica la medida por “la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”.

Blanqueo de capitales

El texto promueve el blanqueo de capitales de grandes fortunas. Según la iniciativa, se permitirá regularizar sin pagar impuestos hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas en Argentina o en el exterior hasta el 30 de noviembre del año próximo. Además, se crea un “impuesto especial de regularización” para blanqueos que superen los 100.000 dólares. Quien se adhiera al régimen de regularización no deberá “aportar documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen”.

Modificación de la ley de hidrocarburos

El proyecto modifica la ley de hidrocarburos y establece que son “objetivos principales” de la actividad “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. El texto define que el Gobierno no podrá intervenir ni fijar precios “en cualquiera de las etapas de producción” de combustibles, gas o petróleo y aclara que “el comercio internacional de hidrocarburos será libre”.

Aranceles para los extranjeros en las universidades públicas

Las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitas para los argentinos o extranjeros con residencia permanente, de acuerdo con el proyecto de ley. El texto establece que queda “prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa”, aunque las universidades públicas podrán cobrar un arancel a los extranjeros sin residencia permanente. En materia de educación, la iniciativa también propone que los estudiantes tengan que rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño al terminar la secundaria y define que “la formación y la evaluación continua” será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional de los docentes.

Ratificación del DNU

En las disposiciones finales, el proyecto buscar ratificar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que Milei impuso hace una semana con más de 300 reformas que desmantelan el Estado argentino. El texto impone de una sola vez cientos de reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”.

Otros artículos

Entre los más de 600 artículos, el proyecto de ley, además, deroga la obligación de prever un porcentaje máximo para la emisión de deuda externa; fija un piso mínimo de retenciones a las exportaciones del 15%, salvo excepciones; cierra organismos de la cultura; deroga la ley de precio uniforme de venta al público de libros; modifica las normativas referentes a los bosques nativos, los glaciares y la quema de pastizales; autoriza la reventa de entradas “sin límite” a eventos deportivos; propone proteger a “los niños desde el momento de su concepción” (lo que contradice los conceptos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo); simplifica el divorcio y modifica, también, la ley de salud mental.

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