Las complicaciones de la venta de YPF: propiedad provincial y un pago pendiente de 16.000 millones de dólares

Argentina ya ha estado aquí antes, pero una privatización de la empresa energética del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), no será como fue la primera vez en los años noventa. Después de que el peronismo la expropiara en 2012, se abrió un juicio legal en Estados Unidos que sigue inconcluso. Además, un gran porcentaje de las acciones están en manos de las provincias petroleras en Argentina. La ley estadounidense, así como la ley internacional, no impedirá que se lleve a cabo una segunda venta, pero el camino será cuesta arriba para el presidente electo, Javier Milei.

Fundada hace 101 años, YPF fue la primera empresa estatal fuera de la Unión Soviética. Entre 1990 y 1998, el presidente Carlos Menem privatizó un puñado de bancos y empresas estatales, incluyendo YPF, lo que le generó 19.300 millones de dólares en ingresos al Gobierno, según estima el académico Richard Huizar, investigador en ciencias políticas en la universidad William Patterson en Nueva Jersey. Según el análisis de Huizar, la venta en ese momento de YPF se dio porque el país dejó de depender de los ingresos petroleros y hubo un debilitamiento de los sindicatos. Sus acciones cotizaron en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Fue entonces que la empresa petrolera española Repsol se hizo accionista mayoritaria de YPF. A finales de 2011, Repsol anunció el descubrimiento de Vaca Muerta, entonces el yacimiento petrolífero más grande de la historia (tanto para Argentina como para Repsol). Unos meses después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que expropiaría la empresa, tomando el control del 51% de las acciones. La española respondió con un pleito legal en EE UU el cual eventualmente vendió al fondo estadounindense Burford Capital.

En septiembre, Burford se anotó una victoria cuando una jueza en Nueva York falló que el Estado argentino debía pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares a Burford y otras sociedades afectadas. Para Burford, el pago por parte del Gobierno argentino implicaría un retorno a su inversión de 37000%, según dijo su director de inversiones a Bloomberg, pero el pago no ha llegado. El Gobierno argentino respondió que apelará el fallo.

“En cuanto a ley de Estados Unidos y ley internacional, no veo impedimento a que se haga la venta”, dijo Diego Durán de la Vega, director de disputas latinoamericanas en la firma de abogados Hughes Hubbard, con sede en Washington. “YPF ya es parcialmente privada, con el 49% de sus acciones en bolsa y si la ley argentina lo permite y siguiendo el proceso establecido podría vender su posición del 51% a inversionistas privados”, agregó el especialista. Éstos reaccionaron con optimismo tanto en Nueva York como en Buenos Aires,

“En cuanto a la condena en Estados Unidos, es importante no perder de vista que aun cuando el caso por el que condenan a Argentina está relacionado a YPF, la condena es al Estado argentino, sin importar qué pase con YPF”, aclaró Durán.

Por último, un segundo obstáculo que Milei deberá librar para hacer una realidad la venta de YPF es lograr que las provincias petroleras, intergrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), estén de acuerdo con la privatización. El 51% de las acciones que posee el Estado, un 49% pertenecen a Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Salta, Mendoza, Jujuy y Formosa. Esto quiere decir que un 24% del total de las acciones de la compañía están en manos de los Gobiernos provinciales. En 2012, cuando Kirchner se enfrentó con Repsol, las provincias en donde operaba la petrolera retiraron, una por una, las licencias, ejerciendo presión para la expropiación.

Ante el anuncio de Milei de su intención de privatizar empresas del Estado, incluyendo la energética Enarsa, así como los medios de prensa públicos, los mercados reaccionaron con optimismo, impulsando el precio de las acciones de YPF así como los bonos soberanos. Pero analistas advierten que las privatizaciones no están garantizadas. “Milei ha propuesto medidas rápidas y radicales para abordar estos desequilibrios, incluidos recortes dramáticos al gasto federal, dolarización total, cierre del banco central y privatizaciones”, escribieron analistas de la firma de análisis y riesgo crediticio Fitch el martes.

“Sin embargo, la dudosa viabilidad técnica de estos planes y la reciente moderación en su retórica hacen que sea incierto cuán ambiciosa será la agenda que perseguirá. Sus elecciones para el nuevo equipo económico deberían ofrecer señales tempranas”, advirtió Fitch.

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