Argentina discute si un atentado guerrillero ocurrido hace 46 años es un delito de lesa humanidad
Un tribunal de segunda instancia ordena reabrir la causa por el ataque de Montoneros a un comedor de la policía Federal en julio de 1976
El 2 de julio de 1976, a menos de cuatro meses de producido el golpe militar contra Isabel Perón, un maletín cargado de Trotyl voló por los aires el comedor den la sede de Coordinación Federal, la central de inteligencia de la policía. La explosión mató a 24 personas, entre oficiales, suboficiales y dos empleados, y dejó más de 60 heridos. Detrás del atentado estaba ...
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El 2 de julio de 1976, a menos de cuatro meses de producido el golpe militar contra Isabel Perón, un maletín cargado de Trotyl voló por los aires el comedor den la sede de Coordinación Federal, la central de inteligencia de la policía. La explosión mató a 24 personas, entre oficiales, suboficiales y dos empleados, y dejó más de 60 heridos. Detrás del atentado estaba Montoneros, el movimiento guerrillero de la extrema izquierda peronista, que había logrado infiltrar como policía a un joven llamado José María Salgado. La dictadura no investigó judicialmente el ataque y prefirió resolverlo a su manera: Salgado y la mayor parte del resto de los responsables, directos o indirectos, tuvieron muertes horrorosas en las salas de torturas del régimen. La causa por el atentado llegó a los tribunales recién en 2006, impulsada por abogados de exrepresores, pero el delito se consideró prescripto. 46 años después, esos mismos abogados lograron que se reabra la investigación.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó el jueves a la jueza María Servini de Cubría que vuelva a investigar aquello que declaró asunto cerrado en 2006. Ha sido un éxito judicial sin precedentes para los grupos que consideran sesgado el enfoque oficial hacia las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura (1976-1983). En la actualidad hay 764 militares presos por delitos de lesa humanidad, de las cuales 579 cumplen con arresto domiciliario, según datos de la Procuraduría. Ninguno de los detenidos es guerrillero, porque su acciones no entran en la categoría de “lesa humanidad” y por lo tanto prescriben. La Cámara ha puesto ahora en duda ese principio.
Los jueces consideraron que en el atentado al comedor de la Policía Federal “los objetivos no fueron militares, sino población civil” (tres de los muertos no eran policías) y que por eso no debe descartarse que se lo considere un “grave atentado”, categoría asimilable a los delitos de lesa humanidad. Servini de Cubría deberá ahora analizar el caso desde este nuevo encuadre judicia y hasta si corresponde iniciar un juicio por la verdad. Los camaristas consideraron además que la jueza no tomó suficientemente en cuenta “el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”.
Detrás de los cuestionamientos a Servini de Cubría, la misma jueza argentina que investiga a distancia los crímenes del franquismo en España (con base en el principio de universalidad para los delitos de lesa humanidad) hay dos organizaciones cercanas a los militares - la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica – ,un represor condenado - Eduardo Emilio Kalinec –, y la familia de una víctima.
El fallo reactivó en Argentina el debate alrededor de la teoría de “los dos demonios”. Según esta lectura, el terrorismo de Estado fue la respuesta a otro terrorismo, el de los movimientos guerrilleros de extrema izquierda. El terrorismo de Estado sería, bajo esa lectura, solo excesos achacables a personas particulares.
El líder de Montoneros, Mario Firmenich, está entre los acusados por el atentado al comedor de la policía. Firmenich fue condenado por diversos delitos con el regreso a la democracia, en 1983, y luego indultado por el presidente Carlos Menem en 1991, junto a otros jefes guerrilleros y los jerarcas de la dictadura. En 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner anuló las denominadas “leyes del perdón” que habían dejado libres de culpa y caro a los cuadros medios y bajos de la dictadura. Se reactivaron entonces decenas de causas contra los represores. Cuatro años después, la Corte Suprema anuló los indultos de Menem a los jerarcas de dictadura. Los juicios se concentraron en los militares, pero no alcanzaron a los guerrilleros, cuyos delistos estaban prescriptos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde donde se motorizan buena parte de los juicios contra los represores, criticó con dureza el fallo de la Cámara de Buenos Aires. “Los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme”, advirtió la organización en un comunicado. “Lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad. Las resoluciones del poder judicial no ocurren en el vacío ni son inocuas. Hoy estamos viendo el crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años 70″, dijeron.
En la lista de los acusados por el atentado está Horacio Verbitsky, un periodista que fue presidente del CELS hasta el año pasado. El centro consideró que no solo la prescripción debe ser tenida en cuenta en este caso. “La acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal”, dijeron. “Pero eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos”.
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