Arévalo pide perdón por desapariciones forzadas durante la guerra civil de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha pedido perdón a los familiares de cuatro víctimas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1960-1996) durante un acto público celebrado este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura, en el que ha reconocido la responsabilidad del Estado y ha enfatizado que estos actos no deberían repetirse.

“El Estado de Guatemala incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, afirmó. “Así como, de llevar adelante la búsqueda de estos defensores de derechos humanos. El Estado falló y, por eso, en mi calidad de presidente constitucional de la República y de representante de Estado pido disculpas públicas (...) por desaparición forzada y a sus familiares por la posterior denegación de justicia”, dijo Arévalo durante un discurso en el que insistió en que la disculpa pública implica “fundamentalmente un compromiso de no repetición”.

El caso sucedió en 1989 cuando Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz, indígenas defensores de derechos humanos e integrantes del Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ) fueron desaparecidos de una finca en una localidad al sur del país llamada Suchitepéquez. Ellos, según sus colegas, ayudaban a proteger a su comunidad del reclutamiento ilegal que realizaba el ejército en esa época. “Cuatro compañeros fueron desaparecidos, forzadamente (...) hombres armados vestidos con uniformes militares irrumpieron en sus hogares y se los llevaron. Nadie volvió a verlos. Sus familias siguen viviendo esa ausencia, una ausencia impuesta por la violencia del Estado”, comentó Amílcar Méndez, representante del CERJ.

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que los cuatro hombres “fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado de Guatemala, únicamente por el valiente acto de defender sus derechos, su delito fue creer en la justicia, organizarse para exigirla en tiempos en que exigirla era un acto de valor supremo”.

Como parte de su veredicto, la Corte ordenó a Guatemala ratificar varias medidas de reparación a favor de las víctimas, incluyendo una investigación exhaustiva de las desapariciones e implementar una serie de medidas de no repetición, como la desclasificación de archivos relacionados con el conflicto armado interno y la creación de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, entre otras peticiones.

Al acto también acudieron representantes de las víctimas, organizaciones de derechos humanos locales y extranjeras como Kennedy Human Rights, quien estuvo a cargo del litigio entre el CERJ y la CIDH desde 2024. “Este reconocimiento público de responsabilidad no es, por lo tanto, un simple acto simbólico. Es el reconocimiento formal del Estado, ante su pueblo y ante el mundo, de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra estas comunidades”, manifestó Kerry Kennedy, presidente del centro de derechos humanos estadounidense.

En Guatemala, miles de personas, sobre todo indígenas, fueron asesinados, incluso masacrados, durante la guerra civil y otros más desaparecieron y, a la fecha, sus familiares no han encontrado sus restos.