Trump señala a Nicaragua como país clave para el tránsito de drogas y refuta el supuesto “muro de contención” de Ortega

La Administración de Donald Trump continúa cercando, al menos con herramientas diplomáticas y de seguridad regional, al régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta semana ha designado a Nicaragua como “un país clave en el tránsito de drogas hacia Estados Unidos”. Dicha designación, dictada por el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, ocurre en un contexto particular: las operaciones de Washington en el Caribe venezolano, que tiene en la mira al régimen de Nicolás Maduro, un aliado incondicional de Managua.

La designación, además de países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, India, Laos o Pakistán, alcanza también a otras naciones latinoamericanas, de Venezuela, Colombia a México o El Salvador, entre otras. Sin embargo, las circunstancias de cada territorio son distintas, al igual que el alcance de los señalamientos. En el caso de Nicaragua, dinamita el principal argumento del supuesto “muro de contención” con el que Ortega y Murillo han tratado de congraciarse con Estados Unidos, exhibiendo al Ejército como garante de la lucha antidrogas en en la región en cada ocasión posible.

“La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente las iniciativas antidrogas de su Gobierno, ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. La inclusión de países en la lista se debe a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o precursores químicos, incluso si un Gobierno ha implementado medidas rigurosas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley”, explica la designación del Departamento de Estado.

Las relaciones en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado entre Managua y Washington se encuentran en un punto muerto, después de que Estados Unidos anunció en junio pasado el retiro de la Administración de Control de Drogas​, conocida por su siglas en inglés como DEA, de Nicaragua por “falta de cooperación!” del régimen sandinista.

“Las violaciones de los derechos humanos y la corrupción rampante en Nicaragua han llevado a Estados Unidos, la Unión Europea y otros países a imponer sanciones económicas y suspender la asistencia en materia de seguridad. Como resultado, Nicaragua se ha vuelto menos cooperativa en la lucha contra el tráfico de drogas y a menudo ignora las solicitudes de información rutinarias”, indicó en junio el mismo Departamento de Estado, en un informe titulado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos”.

El discurso del general sancionado

A pesar de ello, el jefe de las fuerzas armadas, el general Julio César Áviles, durante su discurso en el acto de aniversario de la institución el pasado 2 de septiembre, insistió en que sus batallones sí combante el narcotráfico. “Todos los nicaragüenses debemos de tener orgullo de que nuestra amada Nicaragua es la nación más segura de la región y una de las más seguras del continente. Tenemos nuestros puertos y aeropuertos seguros y debidamente certificados por los organismos internacionales y, desde la sólida y efectiva estrategia nacional del ‘muro de contención’, luchamos contra el narcotráfico y el crimen organizado, garantizando contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga que transita de Sur a Norte del continente”, insistió el militar sancionado por Estados Unidos en mayo de 2020 por “su significativo apoyo a la represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega”.

El Ejército de Nicaragua sostiene que, gracias a lo que denomina el “primer anillo estratégico de la seguridad del país”, logra desviar anualmente más de 800 toneladas de droga que no ingresan al territorio nacional. Según sus propios reportes, entre septiembre de 2024 y el 2 de septiembre de este año capturaron a 56 narcotraficantes, incautaron 24 medios de transporte —14 de ellos navales—, destruyeron más de 120.000 plantas de marihuana y retuvieron a 72.000 migrantes que intentaban ingresar por puntos ciegos.

No obstante, las cifras divulgadas por las fuerzas de seguridad del régimen sandinista carecen de validación independiente y no son reconocidas por organismos internacionales ni por centros especializados en el estudio del narcotráfico. Esa ausencia de verificación genera dudas sobre la eficacia real del llamado “muro de contención” que el Gobierno utiliza como carta de presentación ante la comunidad internacional.

De hecho, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado en varias ocasiones a que las agencias de seguridad del régimen de Ortega y Murillo asuman responsabilidades claras en la identificación y captura de quienes participan en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, y ha advertido sobre los vacíos de coordinación bilateral.

En contraste, el mismo Estados Unidos ha destacado la cooperación estrecha que mantiene con Costa Rica en esta materia. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) subraya que existe una coordinación sólida con las instituciones judiciales y de seguridad costarricenses, lo que ha permitido enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales que utilizan el istmo como corredor hacia Estados Unidos.