El General de La Oficina
La expulsión de la JEP del general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad presidencial durante el Gobierno de Álvaro Uribe, evidencia que falta mucho por esclarecer sobre la articulación entre el narcoparamilitarismo, la fuerza pública y otros agentes del Estado
En 2012, Mauricio Santoyo se declaró culpable por conspirar para proveer apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ante una corte federal de Virginia, Estados Unidos, el general de la Policía reconoció haber tenido relaciones con esa organización entre 2001 y 2008 a través de la Oficina de Envigado, una estructura urbana que operó en conexión con las AUC y otras redes narcotrafic...
En 2012, Mauricio Santoyo se declaró culpable por conspirar para proveer apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ante una corte federal de Virginia, Estados Unidos, el general de la Policía reconoció haber tenido relaciones con esa organización entre 2001 y 2008 a través de la Oficina de Envigado, una estructura urbana que operó en conexión con las AUC y otras redes narcotraficantes. El oficial admitió haber suministrado información sobre investigaciones en curso, facilitado interceptaciones ilegales y recibido dinero a cambio de alertar sobre operativos contra miembros de la confederación paramilitar más grande del país durante la primera década del 2000.
La confesión no describió un vínculo circunstancial con una banda del crimen organizado en Medellín ni una relación aislada con las AUC, sino que expuso el papel que podían desempeñar sectores de la fuerza pública en la consolidación y expansión del fenómeno paramilitar en lo político, económico y militar. El caso adelantado en Estados Unidos no solo comprometía la responsabilidad individual del general, sino que también develaba la arquitectura institucional que hizo posible esa convergencia entre estructuras armadas legales y criminales.
La trayectoria de Santoyo no transcurrió en los márgenes del Estado. Desde que fue comandante del GAULA Medellín (1996 -1999), una entidad encargada de combatir el secuestro y la extorsión, luego fungió como comandante del Cuerpo Élite Antiterrorista en esa misma ciudad (2000 y 2002) y, finalmente, durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002–2006), se convirtió en jefe de seguridad de la Casa de Nariño.
La investigación que condujo a su acusación en Estados Unidos incluyó declaraciones de narcotraficantes como Francisco Flórez Upegui, Pedro Gallón Henao y del antiguo piloto del Cartel de Medellín Francisco Cifuentes Villa, quienes relataron la forma en la que información reservada de inteligencia policial llegaba a redes narcotraficantes y estructuras paramilitares. A su vez, como describe Juan Diego Restrepo en Las vueltas de la Oficina de Envigado, Santoyo fue señalado de servir de enlace con oficiales corruptos de mayor nivel y como pieza clave para que el flujo de información operara en función de las decisiones armadas y económicas de esa red.
Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, Macaco, señalaron en versiones judiciales, tanto en Estados Unidos como en la justicia transicional colombiana de Justicia y Paz, que Santoyo habría facilitado, mediante interceptaciones ilegales, información sobre líderes de izquierda, defensores de derechos humanos y sindicalistas a quienes las AUC señalaban como guerrilleros. Juan Carlos el Tuso Sierra describió la relación entre la Oficina de Envigado y las estructuras paramilitares, refiriéndose a canales de información que permitían anticipar operativos y proteger intereses criminales.
El caso del general ilustra la función de bisagra que cumplieron sectores de la fuerza pública en la consolidación del proyecto paramilitar. No se trataba únicamente de omisiones al no hacer operativos en su contra, sino que la información reservada y privilegiada a la cual tenía acceso Santoyo sirvió para proteger y fortalecer la expansión de las AUC en Antioquia. Según declaró Mancuso, siendo comandante del GAULA Medellín, Santoyo habría trabajado “de la mano” con Carlos Castaño y otros miembros de la Casa Castaño, que por años lideró las AUC.
Tras cumplir condena en Estados Unidos y recuperar la libertad en 2020, Santoyo regresó a Colombia y, en 2021, solicitó acogerse a la JEP, la justicia transicional creada en el Acuerdo de Paz de 2016, en calidad de agente del Estado. Lo hacía como un general condenado que ya había aceptado cargos ante una corte federal, circunstancia que elevaba el estándar del aporte a la verdad que debía hacer para mantenerse bajo esa justicia: no bastaba con que reiterara lo admitido en el extranjero, sino que debía ayudar a esclarecer cómo operó esa convergencia funcional entre agentes del Estado y estructuras paramilitares que, en la práctica, actuaron como partes de un mismo engranaje.
Al evaluar su sometimiento, la JEP le requirió explicar con precisión el alcance de su participación en esa estructura, identificar los mandos y funcionarios con quienes interactuó, ampliar la información sobre interceptaciones ilegales y la relación con la posterior persecución y asesinato de algunos de los perfilados, y aportar datos útiles para la búsqueda de personas desaparecidas vinculadas a esos hechos.
El actuar criminal de Santoyo coincidió con cargos de poder del expresidente Álvaro Uribe desde que fue gobernador de Antioquia (1995–1997), años que coinciden con el fortalecimiento de estructuras paramilitares en el departamento como el Bloque Metro de las ACCU, cuya gestación ha sido objeto de versiones de exparamilitares e investigaciones judiciales, como he documentado en columnas anteriores. Al respecto, el año pasado la justicia colombiana confirmó en segunda instancia la condena contra Santiago Uribe Vélez —hermano del expresidente— como comandante del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Un dato no menor por ser el mismo departamento y la familia de gobernador y posterior presidente.
En ese contexto, la figura de Santoyo no aparece como una anomalía aislada, sino como pieza funcional de esa convergencia. El GAULA Medellín, la comandancia del cuerpo Antiterrorista y la jefatura de seguridad presidencial lo ubicaban en puntos estratégicos en los que se cruzaba información reservada, inteligencia y contrainteligencia que terminaron en manos de la criminalidad organizada. Precisamente por sus cargos y decisiones, el estándar de verdad que debía cumplir ante la JEP era más exigente.
No lo hizo. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia concluyó que, en una audiencia realizada en noviembre de 2025, no aportó una versión plena y coherente con lo previamente admitido ante la justicia estadounidense y que su comparecencia no contribuyó de manera eficaz al esclarecimiento de la red ni a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Por ello, lo expulsó de su jurisdicción, lo que abre la puerta a que Santoyo siga siendo investigador por la justicia ordinaria.
El General de La Oficina no fue expulsado por lo que ya había admitido en Estados Unidos, sino por lo que decidió no explicar en Colombia. Mientras esa arquitectura institucional siga sin esclarecerse, el debate continuará orbitando nombres propios sin responsabilidad plena sobre los cerebros detrás de la convergencia de criminalidad y Estado bajo el fenómeno paramilitar.