La suspensión del salario mínimo agita el discurso de “bloqueo institucional” de la izquierda y descoloca a la derecha

La suspensión temporal del extraordinario aumento del salario mínimo que había decretado el Gobierno de Gustavo Petro para 2026 cayó como una bomba política. La decisión del Consejo de Estado este viernes irrumpió en plena campaña electoral, a pocas semanas de las legislativas del 8 de marzo –que preceden a la primera vuelta del 31 de mayo–. El presidente, los ministros, los candidatos presidenciales del oficialismo y las fuerzas de izquierda en general rechazaron en coro la medida. Pero no fueron los únicos. También los aspirantes opositores de derecha se posicionaron del lado de los trabajadores para no ceder terreno. La sorpresiva suspensión agita las banderas de la izquierda, que incluso ha convocado a las calles; refuerza la tesis de un “bloqueo institucional” en la que ha insistido el Gobierno, y descoloca a la derecha que antes se resistía a la cifra de 23% decretada a finales de año por el Ejecutivo.

El ingreso mínimo para cuatro millones de trabajadores formales había alcanzado así dos millones de pesos mensuales (cerca de 500 dólares). Sin embargo, el alto tribunal admitió una batería de demandas que piden anular ese aumento con el argumento de que cuadruplicó la inflación anual de 2025, y eso produce un “impacto irreversible” en los costos de las pequeñas y medianas empresas. El Consejo de Estado advierte que el decreto carece de una “justificación jurídica y económica verificable”, y ordenó al Gobierno expedir en los próximos ocho días un nuevo salario mínimo transitorio. Además de los impactos económicos, dejó servida la guerra de las narrativas.

A la orden le llovieron reacciones. Desde el alto Gobierno cerraron filas. “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario”, afirmó Petro en la red social X, antes Twitter, su canal de comunicación predilecto. “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”, advirtió. “El salario vital no es un capricho. Es una respuesta responsable a las realidades económicas del país y una herramienta necesaria para avanzar en justicia social”, lo secundó la vicepresidenta Francia Márquez.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tildó de “política” la decisión y lanzó su propia interpretación, en clave electoral. “Vamos a ver qué va a pasar en la campaña: la gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos... o quién está a favor de los dirigentes”, declaró. Y fue un paso más allá al reforzar el relato de bloqueo al que ha acudido en distintos momentos el Gobierno, cuando las cortes han fallado en su contra o los legisladores no ha aprobado sus iniciativas. “Estamos jodidos: El Consejo de Estado no deja que haya más plata en el bolsillo de los trabajadores, la Corte Constitucional no deja que se le impongan impuestos a los ricos para que haya mejores políticas públicas sociales en favor de los menos favorecidos, y el Congreso también hizo parte de esto”.

Los candidatos que aspiran a suceder a Petro desde la izquierda no se quedaron atrás. El senador Iván Cepeda, que encabeza las encuestas pero se quedó por fuera de las consultas interpartidistas del 8 de marzo por una decisión del Consejo Nacional Electoral, calificó el fallo como “un nuevo atentado contra las políticas sociales”, además de vaticinar que “esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”. Su jefa de debate, la también senadora María José Pizarro, reforzó ese mensaje. “Desde el poder están intentando tumbar el salario vital”, advirtió en un video a sus seguidores al convocar una movilización masiva. “No se callen. No permitan que les quiten lo que ustedes merecen y que se han ganado con el sudor de su frente cada día con su trabajo. Salgan a las calles, y además salgan a las urnas. Castiguen con su voto a quienes promueven y celebran esta arbitrariedad”. También convocaron a las calles los candidatos Roy Barreras y Daniel Quintero, que sí se medirán en la consulta del llamado Frente por la Vida, ya sin Cepeda en el tarjetón, con lo que pueden beneficiarse de la movilización.

Menos predecibles fueron las reacciones de los aspirantes de derecha y centro derecha congregados en la llamada Gran Consulta, obligados a hacer malabarismos para calibrar su mensaje de oposición a Petro, y de apoyo a los empresarios, sin despertar rechazo popular. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, considerado una suerte de gurú económico dentro de esa alianza de nueve, propuso sin demoras “defender ese aumento salarial”. Llamó a sus compañeros de coalición a suscribir un acuerdo político que garantice que el incremento no sea revertido, pero que al mismo tiempo proteja a los empresarios y empleadores para que puedan asumirlo. “Eso significa bajarles la carga tributaria, reducir impuestos y aliviar costos para que ese salario se pueda pagar”, subrayó.

En ese mismo sector, Vicky Dávila se pronunció con un lenguaje coloquial. “A los trabajadores hay que cumplirles, no les pueden hacer conejo, por culpa de este Gobierno chambón”, dijo la exdirectora de la revista Semana. “Le exigimos al Gobierno que expida un decreto que cumpla con los requisitos de ley. Hay que defender el salario de los trabajadores y proteger a los empresarios para que no haya despidos. Vamos a bajar drásticamente los impuestos para que todos ganen”, sintetizó la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y favorita para imponerse en la Gran Consulta. “¿Defender el salario de los trabajadores, candidata?”, la interpeló la senadora Pizarro. “Si usted y su partido se han opuesto a TODAS las medidas que el Gobierno ha tomado en favor de los trabajadores”, le salió al paso. Con el aumento del salario mínimo en el aire, la campaña acelera el paso.