Gustavo Petro, el presidente que dio la espalda al Acuerdo de Paz

Hace unos días se conmemoró en Colombia el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla comunista de las Farc. La celebración no pudo ser más lánguida.

El presidente Petro, —quien tiene el palmarés de no haber invitado a la Casa de Nariño ni a un café a los jefes de las extintas FARC—, no hizo ningún a...

Hace unos días se conmemoró en Colombia el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla comunista de las Farc. La celebración no pudo ser más lánguida.

El presidente Petro, —quien tiene el palmarés de no haber invitado a la Casa de Nariño ni a un café a los jefes de las extintas FARC—, no hizo ningún acto en el palacio presidencial. La conmemoración corrió por cuenta de la desarticulada y gris oficina encargada de la implementación del Acuerdo, que fue desmantelada desde el inicio del Gobierno, pese a que Petro llegó al poder con la promesa de implementar lo pactado.

El presidente asistió a ese acto como si fuera un panelista más. Ante un recinto en el que brilló por su ausencia el cuerpo diplomático, —solo asistieron cinco embajadores—, pronunció un discurso deshilvanado y lleno de divagaciones. Planteó obviedades como la de que la inequidad social está articulada a la violencia, se refirió al narcotráfico, al racismo de “la oligarquía centralista” por los negros del litoral pacífico y a la falta de carreteras. Tuvo tiempo hasta para hablar del perdón social de Derrida y revelarnos que Colombia es el “centro geométrico” del mundo porque “somos el país que en distancia más corta puede juntar a cinco continentes”.

Petro habló de lo humano y lo divino, menos del acuerdo de paz.

El presidente no sólo minimizó en este discurso de conmemoración la importancia del acuerdo de paz. También lo ninguneó en su gobierno. Ya de presidente le pareció que la paz firmada hace 9 años era incompleta e insuficiente porque dejaba por fuera a otros grupos al margen de la ley y esa convicción lo llevó a impulsar su estrategia (ya fracasada) de la “Paz Total”, que sí los incluía.

A Petro el Acuerdo se le fue convirtiendo en un mueble aparatoso, que nunca se ajustó a la arquitectura del poder que construyó en su mente. Prometió que iba a divulgar a los cuatro vientos el informe de la Comisión de la Verdad que se derivó del Acuerdo y que esclareció la verdad histórica del conflicto, pero ya de presidente se olvidó de ese mamotreto y se lo entregó a las polillas. Cuando más necesitaba recursos, Petro le recortó el presupuesto a la JEP, el tribunal de justicia transicional, que creó el Acuerdo para juzgar y condenar a los exjefes guerrilleros y a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto.

En el gobierno de Iván Duque, la derecha quiso acabar con la JEP porque la consideraba una vía para que las FARC quedarán impunes debido a que las excluía de la pena de prisión. Petro no acabó con la JEP, pero la convirtió en poca cosa.

El aporte de este tribunal a la verdad judicial ha servido para que Colombia transite hacia la tolerancia y la reconciliación, un camino que el país nunca había recorrido. Por primera vez en la historia de Colombia, se transmitieron las sesiones en que las víctimas del conflicto y sus victimarios se vieron la cara. La verdad que afloró en esos encuentros, en los que a los perpetradores se les vió incómodos y petrificados pidiendo perdón, no solo estremeció al país entero, sino que lo cambió.

Sin embargo a Gustavo Petro, nada de esto lo ha conmovido ni estremecido; por el contrario, lo que ha sucedido es que se ha empeñado en minimizar esa verdad que está saliendo a flote. Ha dicho en varias oportunidades que la considera insuficiente, de poco valor porque está “fragmentada” y no incluye a las poderosas élites que instrumentalizaron la guerra. Gran equivocación. En un país sin verdad, acostumbrado a cargar con el peso de la impunidad, nadie que se considere progresista puede minimizar el hecho histórico de que por fin se esté abriendo ese hueco negro. Además, no hay acuerdos perfectos y aunque muchos hubiéramos querido ver a más actores del conflicto en la JEP, lo que se firmó en La Habana hace 9 años, a pesar de sus falencias, sigue siendo la mejor ruta que tenemos los colombianos para reconciliarnos.

También se equivoca Petro al culpar a sus opositores de los escasos avances conseguidos en la implementación del acuerdo durante su Gobierno. Petro se lava las manos y culpa a las poderosas élites rurales de los magros avances obtenidos en la reforma agraria. Sin embargo, su cuota de responsabilidad es inmensa.

Hace 9 años, el Estado colombiano se comprometió a entregar en un plazo de 12 años, es decir, en 2018, 3 millones de hectáreas al fondo de Tierras. Ese compromiso fue incumplido por el gobierno de Duque, que llegó al poder en el 2018 diciendo que iba a ser trizas los acuerdos. Según el instituto Kroc, en ese cuatrienio solo se aportó al Fondo de Tierras, cerca de 200.000 hectáreas. Cuando Petro llegó al poder en el 2022, se pensó que las cosas iban a cambiar y, que por ser el primer presidente de izquierda de Colombia, su Gobierno iba a implementar el Acuerdo, sobre todo en el tema del acceso a la tierra, un problema que ha estado en el epicentro del conflicto colombiano y en la agenda de la izquierda. Sin embargo, a pesar de que aumentó los recursos del Ministerio de Agricultura y de que hizo una alianza con el gremio ganadero que siempre se había opuesto a la reforma agraria, los avances han ido a paso de tortuga. Aunque las cifras superan a las de Duque, según los últimos datos, es probable que Petro solo alcance a entregar un millón de hectáreas al final de su mandato.

Pero tal vez el rezago que más pesa, es el que tiene que ver con la transformación de los territorios que durante 60 años fueron dominados por las extintas FARC. Según lo pactado, el estado debería llegar de inmediato a esos territorios no solo con tierras, sino con carreteras y proyectos productivos para que sus pobladores se insertaran a la sociedad. En el Gobierno Duque esa transformación del territorio no avanzó, y ese vacío lo empezaron a llenar nuevos grupos criminales como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Muchos esperábamos que el Gobierno Petro —que en su primer año logró aprobar un plan de desarrollo que se basaba precisamente en la transformación del territorio— revirtiera esta dura realidad, pero eso no sucedió. El presidente responsabiliza de ese rezago a las élites antipetristas pero en realidad lo que más frenó la implementación fue su desorden, su falta de hojas de rutas y su desinterés. En un Gobierno por el que han pasado 80 ministros y han salido cerca de 70 generales de la fuerza pública, ha sido prácticamente imposible lograr que las agencias del Estado lleguen a los territorios con los proyectos productivos para que los campesinos puedan progresar y no terminen vendiendo su tierra o cultivando coca.

Este incumplimiento ha ido de la mano de un deterioro de las condiciones de seguridad en esos territorios, una amarga realidad que se ha visto reflejada en el incremento de asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz. Según Indepaz, de los 460 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo, cerca de 110 han caído durante el Gobierno de Petro.

No obstante, en su discurso de conmemoración de los 9 años del acuerdo, el presidente, que fue guerrillero y vivió en carne propia lo que significa reinsertarse, no le envió ni un mensaje de solidaridad a las familias de los firmantes de paz que han sido asesinados ni una voz de aliento a los excombatientes que le siguen apostando a la paz. Simplemente los ignoró.

Petro, vaya uno a saber por qué, pasó por alto una cifra difícil de ignorar: tras 9 años de la firma del acuerdo de paz y, a pesar de las amenazas, del rezago en la implementación del acuerdo y del estigma, cerca del 85% de los excombatientes siguen labrando su camino por fuera de la guerra.

En su discurso tampoco Petro tampoco tuvo la grandeza de hacer un mea culpa por el fracaso de su paz total ni se refirió al hecho de que muchos de los firmantes de paz asesinados hayan sido abatidos por las disidencias de las FARC, un reducto de esa extinta guerrilla con la que Petro abrió negociaciones.

Las disidencias no reconocen el acuerdo de paz y consideran traidores a los 12.000 firmantes que se salieron de la guerra hace 9 años. Los tienen en su mira. A pesar de que operan como una banda criminal dedicada al control de rentas ilícitas, tienen el cinismo de presentarse como las verdaderas FARC. A sabiendas de que esa chapa era falsa, el Gobierno Petro accedió a reconocerlas como el “Estado Mayor de las FARC”, concesión que permitió el inicio de las negociaciones. La chapa se desmoronó al poco tiempo como un castillo de naipes, pero produjo un efecto perverso en la psiquis nacional, porque revivió el nombre de las FARC en el imaginario y le dio municiones a la derecha, que siempre ha querido sembrar la mentira de que la desmovilización de las FARC fue una farsa.

De Iván Duque nunca se esperó nada distinto a lo que sucedió con el acuerdo de paz, pero de Petro sí. Por eso la mezquindad del presidente duele más. A Petro se le olvida que por cuenta del acuerdo de paz él llegó al poder. Y ya no se acuerda que lo que se firmó hace 9 años en la habana, —y que hoy le parece tan insignificante—, abrió las compuertas de una democracia que se había cerrado y permitió que un político de izquierda y ex guerrillero como él, llegara a la Casa de Nariño sin que fuera asesinado.

El poder obnubila. Y a Petro sí que lo tiene enceguecido y sin memoria.