La segunda instancia del caso contra Álvaro Uribe cambia el ritmo de las elecciones de 2026

En los últimos días el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha hablado en redes sociales y ha dado discursos sobre Gustavo Petro, sobre la crisis diplomática con Estados Unidos, sobre las elecciones presidenciales de 2026. No ha dicho nada sobre una decisión judicial que definirá su futuro en el debate público. Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá iniciará a las ocho de la mañana la audiencia en la que anunciará si mantiene en firme la condena del político antioqueño por manipulación de testigos. La jueza Sandra Heredia lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, que debía ser efectiva inmediatamente. Uribe apeló el fallo y renunció a la prescripción del caso, lo que le daba dos años al Tribunal para decidir. Pero los tres magistrados encargados ya están listos para definir si el líder de la derecha colombiana estará pronto en prisión y, por esa vía, sobre el margen que tenga para mantener un rol central en la campaña previa a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo semestre.

Los magistrados tienen varias opciones. Podrían confirmar la condena, incluyendo los doce años de prisión domiciliaria. La jueza Heredia argumentó que el número de años ―largo en opinión de varios penalistas― y la detención inmediata eran imperativos dado el rol determinante que Uribe ha tenido para la vida política de Colombia en las últimas dos décadas. También podrían mantener la responsabilidad de Uribe pero reducir la pena, o negar alguno de los delitos: la primera instancia lo condena por fraude procesal, en dos situaciones, y por soborno de testigos en actuación penal, en tres instancias. Pero también pueden revocar el fallo y absolver al expresidente.

Pase lo que pase, lo más probable es que la decisión sea recurrida, por Uribe si se mantiene una condena, o por quienes han sido reconocidos víctimas en el proceso, como el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el senador y precandiato presidencial de izquierdas, Iván Cepeda. El expediente pasaría en casación a la Corte Suprema de Justicia, donde inició esta larga historial penal. Ese tribunal recibió en 2012 una denuncia de Uribe contra Cepeda, alegando manipulación de testigos. En 2018 sus magistrados no solo cerraron la investigación, sino que abrieron otra contra el expresidente, señalándolo del mismo delito. El caso avanzó y, en 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, con lo que el caso salió de ese tribunal rumbo a la Fiscalía General, que encabezaba entonces un aliado del uribismo, Francisco Barbosa.

Bajo esa administración, la Fiscalía pidió en tres ocasiones cerrar el expediente, argumentando que no había pruebas suficientes, pero distintos jueces consideraron que sí las había. Cuando hubo un cambio de Fiscal a principios del 2024, con Luz Adriana Camargo, ternada por el presidente Petro, la Fiscalía cambió el rumbo del caso, acusó formalmente a Uribe y así llegó la decisión de la jueza Heredia. En su sentencia, señala que varios emisarios de Uribe ofrecieron beneficios judiciales a personas encarceladas para que declararan en contra de Cepeda. En concreto, el abogado Diego Cadena se acercó al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y a su pareja, Dayanira Gómez, para ello. Los dos últimos declararon ante la justicia contra Uribe y el penalista. Un juez condenó a Cadena a siete años de prisión. Aunque la defensa de Uribe argumentó que su cliente no sabía de lo que ofrecía Cadena, la jueza citó varias conversaciones interceptadas para concluir que existía un acuerdo entre el político y el abogado que demuestra lo contrario.

El presidente no ha dedicado los últimos dos meses y medio a hablar de su caso judicial, sino a encontrar la estrategia para la victoria electoral de la derecha en 2026. En varios mensajes se refiere a la importancia de la unión de las decenas de aspirantes críticos del Gobierno de izquierda, para así derrotar a los candidatos de Petro, cuyo proyecto descalifica como “neocomunismo”. Además de organizar el mecanismo para elegir el candidato de su partido, se ha reunido con otros como la experiodista Vicky Dávila, el exministro Juan Carlos Pinzón y el abogado Abelardo De La Espriella, y ha organizado debates virtuales entre candidatos sobre sus propuestas de gobierno. También ha buscado concretar una reunión con otro de los pesos pesados de la derecha y su antiguo rival, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cabeza del partido Cambio Radical.

Si el Tribunal condena a Uribe, le quitaría a su partido, Centro Democrático, una carta clave con vistas a 2026. La agrupación tiene en sus planes que Uribe Vélez forme parte de su lista al Senado, una fórmula que funcionó en 2014 y 2018 para jalonar una alta votación. Ya el Consejo Nacional Electoral aceptó una denuncia preliminar contra el expresidente, por el anuncio de que ocuparía el renglón 25 en la lista y la posibilidad de que esté inabilitado por el fallo en la primera instancia. Esto a pesar de que Uribe Vélez no se ha inscrito formalmente, ni se conoce el fallo de la segunda instancia.

El Centro Democrático no ha tenido una época fácil, tras el asesinato de quien fuera su senador más votado, Miguel Uribe Turbay, quien aspiraba a la presidencia. Uribe Vélez presionó, entre otras tácticas electorales para la victoria, para que el padre del senador fallecido sea uno de los precandidatos del Centro Democrático.

Por el alto perfil político de los implicados, el fallo también representará una victoria o una derrota para la izquierda, especialmente para el senador Cepeda. Como precandidato, se medirá el domingo a la exministra de Salud, Carolina Corcho, en una consulta popular que decidirá el candidato del oficialista Pacto Histórico. Una nueva sentencia condenatoria a Uribe podría darle impulso como el político que ha logrado que el expresidente sea condenado -y no cualquiera, sino el que ha representado la antítesis a la izquierda. Una absolución de Uribe podría tener el efecto contrario. La sentencia, además de la libertad de Uribe, marcará el tono de la campaña.