Trump descertifica a Colombia en la lucha antidrogas

Colombia encaja un nuevo golpe en su difícil relación con los Estados Unidos de Donald Trump. El republicano ha optado por desaprobar el desempeño al país andino en la lucha antidrogas, la temida descertificación, según ha anticipado Gustavo Petro. “Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos”, lamentó el presidente de Colombia la noche de este lunes durante un Consejo de Ministros, momentos antes del anuncio oficial, sin detallar si Washington aplicaba también la medida de excepción o waiver para evitar las sanciones más duras.

Petro, que se encuentra bajo enorme presión para mostrar resultados en ese frente, ahora deberá lidiar en la recta final de su mandato con las consecuencias que acompañan ese nuevo estigma que le pone la Casa Blanca. También, con el hecho de es la primera vez en tres décadas que Colombia cae en la lista de los países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico, una vuelta atrás en el tiempo que evoca el recuerdo de años recios.

“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo el presidente Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”, señala el memorando de la Casa Blanca publicado instantes después del anuncio en Bogotá. “El Gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas. Por esta razón, he designado que Colombia ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas”, agrega el texto firmado por Trump, que deja al país en el mismo grupo de Bolivia, Venezuela y Myanmar.

“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, añade en una de sus líneas más duras, que subraya la animadversión de Trump al Gobierno de izquierdas de Petro. Matiza, sin embargo, que la asistencia a Colombia es vital para los intereses de Estados Unidos, lo que abre la puerta a medidas excepción para mantener la cooperación.

Un mensaje publicado por el Departamento de Estado en su cuenta de X algo menos de una hora después habla de un “liderazgo desnortado” de Petro y aclara que el Gobierno estadounidense “ha emitido una exención para que la cooperación crucial de Estados Unidos, incluida la antinarcóticos, pueda continuar. Los resultados importan: ¡debemos ver progreso y debe ser pronto!“.

Colombia es por mucho el primer productor mundial de cocaína, pero ha sido también un estrecho aliado de Estados Unidos, que solo lo había degradado en esa clasificación en tiempos del expresidente Ernesto Samper (1994-1998). Los cultivos ilícitos en el país andino se mantienen en niveles sin precedentes, y no parecen encontrar techo. Al cierre de 2023 su extensión alcanzó las 253.000 hectáreas, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Si bien esa es considerada la cifra oficial, otras mediciones anticipan un alza aún mayor cuando se actualicen los datos.

“Aunque el proceso de certificación se basa en criterios claros, la decisión la toma el presidente estadounidense y está profundamente influenciada por consideraciones políticas y diplomáticas”, explicaba recientemente Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group (ICG). “Las administraciones anteriores han certificado repetidamente a Colombia a pesar de preocupaciones sobre un insuficiente cumplimiento porque, en su opinión, mantener una estrecha cooperación con Bogotá era más favorable para Washington”.

Cinco veces más

Desde 2013 —cuando había solo 48.000 hectáreas—, la extensión de los cultivos de hoja de coca se ha quintuplicado. Durante su primer mandato, Trump ya había insinuado que se proponía descertificar a Bogotá, pero nunca llegó a ejecutar esa amenaza.

Aunque Petro ha chocado en más de una ocasión con la Administración del republicano, Colombia necesita la ayuda norteamericana para afrontar las amenazas de seguridad que representan las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, las bandas de narcotráfico o la guerrilla del ELN, entre otras. Más aún luego de que la política paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados, se ha desdibujado sin grandes logros que mostrar.

Al crecimiento de los narcocultivos se añade el desplome en la erradicación forzada, con menos de 10.000 hectáreas el año pasado, el dato que más dudas ha despertado en Estados Unidos sobre el grado de compromiso de Bogotá. En medio de esa evaluación, el Gobierno Petro intentó poner el acento en el aumento en las incautaciones de cocaína, una variable que golpea directamente a los narcotraficantes y no a los campesinos que siembran la mata de coca. En 2024 las autoridades del país sudamericano se incautaron de cerca de 900 toneladas, un aumento significativo frente a las 746 del 2023. En el primer semestre de este año, fueron más de 500 toneladas.

En ese contexto, en Colombia desde hace meses se esperaban con enorme expectativa los tres posibles escenarios: una certificación plena que se anticipaba improbable; una descertificación parcial –una suerte de exención general basada en consideraciones de seguridad nacional, sin medidas punitivas– o una descertificación total. Tanto el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, como el embajador en Washington, Daniel García-Peña, han transmitido el mensaje de que los únicos que se benefician con la descertificación son los criminales.

“Retirar fondos de cooperación debilitaría a Colombia al afectar su economía legal”, escribió García-Peña la semana pasada en The Washington Post. “Y también debilitaría a Estados Unidos al reducir la capacidad de interdicción marítima y aérea, y al obstaculizar el flujo de inteligencia”.

La descertificación, sin embargo, era probable, como advertía un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham. En momentos en que el tradicional apoyo bipartidista en el Congreso norteamericano con respecto a Colombia se ha erosionado y las relaciones entre Bogotá y Washington se han tensado, Bogotá envió además señales contradictorias como la intención de negociar con el Clan del Golfo como parte de la paz total o los mensajes de alineamiento con el régimen de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela, justo cuando Trump alardea de su despliegue militar en el Caribe.

La decisión de descertificar, advierten los observadores, puede activar una serie de sanciones que incluyen congelar la ayuda que entrega anualmente la Casa Blanca o mayores dificultades para acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional, desde el bloqueo de créditos hasta otras sanciones comerciales y arancelarias, un garrote que Trump utiliza con frecuencia. También puede restringir las ventas de equipos militares o la cooperación en inteligencia. Su alcance solo se conoce con el paso del tiempo. En el caso de la descertificación parcial, el llamado waiver o medida de excepción le permite a Estados Unidos mantener la ayuda si considera que congelarla puede afectar sus intereses de seguridad nacional, como apunta el caso de Colombia.

“Una descertificación total podría ser devastadora para Colombia, dado que afectaría toda la ayuda bilateral, no sólo la asistencia relacionada con la política antidrogas”, advertía Dickinson en el análisis del ICG. “Históricamente, el apoyo de Washington a Colombia ha incluido fondos de múltiples fuentes estadounidenses, como el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y USAID”. El drástico recorte en la ayuda de USAID por parte de Trump ya representó un duro golpe para Colombia, que, sin embargo, aún recibe un apoyo sustancial.

Trump y Petro ya chocaron de frente a principios de este año por los vuelos de repatriación que el colombiano en un primer momento rechazó por lo que consideraba un trato indigno con los deportados que volaban esposados. Entonces, la amenaza arancelaria del republicano asomó la economía colombiana al precipicio, pero la crisis se resolvió en menos de 24 horas y Colombia hoy tiene el arancel mínimo del 10%. El episodio, sin embargo, fue un presagio de las turbulencias por venir entre dos mandatarios en las antípodas ideológicas y proclives a fijar posturas a golpe de redes sociales.