La reapertura de un expediente contra un tío de la primera dama abre una nueva polémica en Colombia
La renuncia de dos funcionarios de la Superintendencia de Industria presiona a la entidad a aclarar su intervención en el caso de Alberto Merlano Alcocer
Una nueva polémica empaña al círculo más cercano del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Alberto Merlano Alcocer, un tío de la primera dama a quien el mandatario ha dado posiciones de poder en el pasado, está en el centro de un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abierto desde hace más de una década y que ha implosionado esta semana. Dos funcionarios de la entidad renunciaron alegando “discrepancias” por el rumbo de la investigación que pretende exonerar a quien fuera gerente general del Acueducto de Bogotá designado por Petro cuando era alcalde de la capital. El objetivo, según los críticos: despejarle el camino para ser nombrado como presidente de Ecopetrol.
El caso se había dado por finalizado hace varios años. La SIC impuso entonces una sanción de 240 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio actual) a Merlano por haber realizado “una práctica restrictiva de la competencia”, al haber impedido que empresas privadas participaran en en el cambio de modelo de basuras que impulsaba el entonces alcalde Petro. Ese era el escenario hasta el inicio de este mes. El pasado 3 de diciembre, el acusado solicitó a la entidad que la decisión fuera revocada, según él, porque la multa va contra la Constitución, por una supuesta violación del debido proceso. Además, acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que declarase nulo el castigo.
El estudio para revocar una sanción de la SIC está a cargo de un comité de conciliación, de la que forman parte los delegados Alexander Sánchez y Grenfieth de Jesús Sierra. Como adelantó Caracol Radio, una reunión de los miembros decretó que los argumentos de Merlano no tenían ninguna base jurídica, pues el proceso ya se había cerrado tras resolverse la segunda instancia. Al día siguiente de la junta, Merlano hizo llegar un escrito a la entidad invocando un nuevo argumento: que la decisión le había provocado un “agravio injustificado” y afectaba su vida laboral.
Una semana después, para el día 18, Sánchez y Sierra se declararon impedidos para continuar en el debate. Pocos días después presentaron su renuncia a la SIC. Ambos tenían el beneplácito de sus colegas de ser de los mejores funcionarios en la entidad, según destacó El Espectador, citando a fuentes cercanas de los funcionarios. Los consultados por el diario aseguran que ninguno quería ser parte de ninguna “jugadita” que pudiese favorecer de manera ilícita las estimaciones del Gobierno. Estas mismas fuentes apuntan que el Ejecutivo quiere limpiar el nombre de Molano para que pueda ser nombrado como presidente de Ecopetrol.
Cambios en la entidad
La salida de los delegados no será la única. La superintendente Cielo Rusinque, muy cercana al presidente, pidió en vísperas de Navidad la renuncia de los superintendentes delegados, además de asesores y jefes de oficina. La entidad ha negado que el remezón tenga que ver con el caso de Merlano, y alega que se trata de un proceso administrativo común. A su vez, niega que tenga poder para decidir sobre el futuro del caso de Merlano, pues sostiene que depende enteramente del Tribunal de Cundinamarca de resolver una nulidad.
“Ante una solicitud de renuncia protocolaria , [los delegados] presentaron un escrito falsamente motivado en el que tendieron una sombra de sospecha e ilegalidad sobre actos honestos que son susceptibles de escrutinio. Hemos sido respetuosos de las diferentes posiciones jurídicas, sin ejercer ningún tipo de coacción”, se defendió la SIC en un comunicado.
La reapertura del caso coincide con un momento muy complejo para Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, de propiedad mayoritariamente pública. Ricardo Roa, actual gerente, tiene varios procesos judiciales abiertos. El más sonado, por presuntamente haber violado los topes como de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Según el Consejo Nacional Electoral, que abrió una investigación en su contra como jefe de la candidatura, el ahora mandatario recibió aportes superiores a los que permite la ley.
Por su parte, Merlano, sin embargo, niega conocer el proceso de designación en ese cargo y sostiene que no ha recibido ofrecimientos de cargos por parte de la Casa de Nariño.