El difícil camino de la reforma tributaria de Petro: sin tiempo, sin mayorías legislativas y con un nuevo ministro de Hacienda

Los partidos Liberal y Conservador anuncian que no apoyarán la iniciativa que busca recoger más de 12 billones de pesos para financiar un presupuesto deficitario

Sesión en el Congreso de la República, en Bogotá, Colombia, el 2 de diciembre 2024.Ministerio del Interior de Colombia.

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro está al borde del hundimiento, pese a que ni siquiera se ha radicado el texto definitivo para su discusión en las comisiones económicas del Congreso. El proyecto, que busca recoger más de 12 billones de pesos necesarios para evitar el déficit previsto por el Ejecutivo en su presupuesto para 2025, se enfrenta a dos problemas difíciles de resolver en su trámite legislativo: le queda muy poco tiempo para ser aprobado y no tiene aseguradas las mayorías parlamentarias que necesita.

Para convertirse en ley, la reforma primero debe ser aprobada en cada una de las comisiones tercera y cuarta del Senado y de la Cámara de Representantes, las mismas que hace unos meses hundieron de forma inédita el presupuesto general del Gobierno. Si una sola de ellas la niega, la reforma se cae. Y si logra superar ese escollo, tendrá que ser aprobada en las plenarias de la Cámara y de Senado. Todo esto antes del 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.

El tiempo puede extenderse hasta el último día del año si el Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias para discutir el proyecto, una alternativa que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que es probable. Pero incluso con ellas, los días hábiles que quedan de 2024 se han ido reduciendo por la poca acogida que ha tenido la reforma en los parlamentarios. Se esperaba que el texto, radicado en la secretaría del Congreso desde septiembre, tuviera una ponencia positiva el lunes o martes de esta semana, cuando quedaban más de 20 días laborales en la mejor circunstancia para el Ejecutivo. Sin embargo, la falta de consenso entre los senadores y representantes encargados de presentar esa propuesta no ha permitido ni siquiera el inicio del debate.

A la carrera contra el tiempo se suma la falta de mayorías oficialista en estas comisiones, que parece definida después de que los partidos Conservador y Liberal publicaran este martes dos comunicados en los que hacen explícito su rechazo a la propuesta. “El Partido Liberal no vota impuestos que graven la canasta familiar de los colombianos, la venta de un carro o una herencia familiar”, se lee en el documento publicado en la cuenta oficial de la colectividad dirigida por César Gaviria. “La reforma tributaria del Gobierno, disfrazada de reforma financiera, no tendrá un voto de nuestros congresistas liberales de las comisiones económicas, por considerar que es altamente nociva para la frágil economía de los colombianos. El bolsillo de los colombianos no soporta más impuestos”. Aunque Gaviria no tiene un control total de la bancada, el recientemente reelegido presidente liberal sí tiene incidencia grande en los senadores de las dos comisiones económicas.

La bancada de conservadores fue igual de contundente. “Anunciamos nuestro voto negativo al proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional, al considerar inconveniente gravar con nuevos impuestos a los colombianos en el actual escenario fiscal del país”. El documento argumenta que la reforma traería “graves efectos para el bolsillo de los colombianos como el incremento del costo de la canasta familiar, resultado del impuesto al carbono para los combustibles”. Los conservadores critican también el aumento del impuesto por ganancia ocasional en un 20% a quienes reciban una herencia, vendan su casa o su carro. “También elimina el régimen simplificado afectando a las pequeñas y medianas empresas que fueron formalizadas bajo este estímulo y que hoy representan el gran tejido empresarial. No es responsable con la economía del país poner en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal, aumentando la deuda cuando no se tienen ingresos para pagarla”.

La posición de estos dos partidos, que apoyaron la reforma tributaria con la que Petro inició con fuerza su mandato hace dos años, se suma a la negativa de los opositores Centro Democrático y Cambio Radical. Con ellos, las cuentas preliminares señalan que la reforma se encamina al hundimiento. En la Comisión tercera de Senado, que preside el liberal gavirista Juan Pablo Gallo, tendría nueve votos en contra y solo seis a favor. Quienes se oponen son Mauricio Gómez Amín, Juan Diego Echevarría, Karina Espinosa y Juan Pablo Gallo, del partido Liberal; Efraín Cepeda y Liliana Bitar, del Conservador; Antonio Zabaraín y Carlos Julio González, de Cambio Radical; y Miguel Uribe, del Centro Democrático. Los que están a favor son Imelda Daza y Clara López, del Pacto Histórico; Ana Carolina Espitia, del Partido Verde; Jairo Castellanos, del partido en Marcha. Los dos senadores del parido de la U, Juan Carlos Garcés y José Alfredo Gnecco no han definido su voto. Un panorama similar es el de la Comisión Cuarta, que dirige Angélica Lozano, de Alianza Verde, en la que en principio hay nueve o diez votos en contra y solo cuatro o cinco a favor. En ambas comisiones, el presupuesto presentado por Petro se hundió con números similares. En la Cámara de Representantes, el Gobierno sí tiene las cuentas a su favor.

Al poco tiempo y a la falta de mayorías se suma que este miércoles el presidente le ha pedido la renuncia al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), y ha nombrado en remplazo al actual viceministro Diego Guevara. “El doctor Guevara conoce todo el proceso que hemos tenido, luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque”, ha dicho Petro al anunciar el cambio. Guevara mantiene la línea ideológica de Bonilla, pero no está salpicado en casos de clientelismo o corrupción. Su nombramiento, sin embargo, no parece tener un impacto político que le permita al Gobierno sumar los aliados que requiere para sacar adelante su reforma.

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