El Congreso aprueba la reforma al Sistema General de Participaciones, el mayor avance en descentralización de Colombia en 30 años

El Congreso de Colombia ha aprobado en la noche de este lunes el último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo por el que el Gobierno nacional transfiere recursos a las administraciones locales. Esta decisión significa el mayor avance en descentralización y autonomía económica de las regiones desde la Constitución de 1991. Se trata de un aumento paulatino de los recursos con destino a la educación obligatoria, la salud, la recolección de basuras, los acueductos y alcantarillados.

El acto legislativo, que comenzó como una iniciativa parlamentaria independiente, en el camino recibió el apoyo del Gobierno de Gustavo Petro. Se consolida hoy como la primera gran victoria del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lo apoya desde antes de su ingreso al Gobierno, en julio. Es, además, un paso adelante en la construcción del gran acuerdo nacional en el que han insistido tanto el exsenador como el presidente. Para convertirse en parte de la Constitución, solo hace falta la conciliación entre los textos aprobados en Senado y en Cámara. Sin embargo, para que aterrice a la realidad, el Congreso debe aprobar una ley de competencias, que defina en detalle las nuevas responsabilidades que tendrán los municipios y departamentos a cambio de recibir más dinero. Para ello, la reforma prevé un plazo de 12 meses.

En concreto, el Congreso aprobó en ocho debates una modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución, que establecen las reglas del SGP. Gracias a ello, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se gira a las regiones pasará del 25% actual a un 39,5%, con aumentos graduales a lo largo de 12 años. La propuesta inicial, que generó muchas alarmas en distintos centros de estudios económicos y produjo el pronunciamiento en contra de 27 exministros de Hacienda, establecía llegar hasta el 46,5% en 10 años, lo que apretaría aún más las cuentas ya deficitarias del Estado central colombiano.

El representante del Partido Liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto y por años cercano a Cristo, explicó la importancia histórica de la reforma: “Tenemos una deuda histórica con departamentos y municipios. Damos el paso final para devolverle a las regiones su capacidad de tomar sus propias decisiones para atender sus necesidades. Este proyecto no es solo una reforma financiera, es un clamor histórico de las regiones. Es una apuesta por cerrar las brechas territoriales y construir una Colombia con oportunidades para todos”.

En la plenaria de la Cámara, la reforma obtuvo 124 votos por el sí y tan solo 3 por el no, una mayoría absoluta gracias al apoyo de congresistas miembros de bancadas de Gobierno, independientes e incluso de la oposición. Representantes del Pacto Histórico, el partido del presidente Petro, el partido Verde, el partido Liberal, el partido de la U, el partido Conservador hasta algunos de Cambio Radical y del Centro Democrático votaron positivamente el proyecto.

Este resultado se debe en parte a que la descentralización no es un asunto propio de la división ideológica en Colombia, a que el proyecto no es visto como bandera de Petro y a que la necesidad de reforzar el Estado local es compartida por diferentes fuerzas. Pero también es el fruto de una larga negociación liderada por el ministro Cristo y del apoyo de alcaldes y especialmente gobernadores de diferentes tendencias políticas. El ministro del Interior celebró la presencia de las autoridades locales en el último debate: “Reconocemos la importancia de la voz de alcaldes y gobernadores, cuya experiencia y liderazgo han impulsado el último debate del proyecto para transformar el Sistema General de Participaciones. Este es un paso clave hacia el propósito constitucional de devolverles a las regiones la capacidad de atender sus necesidades y cerrar brechas históricas”.

El gobernador del Atlántico, el liberal Eduardo Verano de la Rosa, recalcó su apoyo a la iniciativa: “Esto marcará un antes y un después en nuestra Nación. Durante décadas, los municipios y los departamentos han sido relegados a un segundo plano porque no tienen los recursos”, dijo al intervenir ante la plenaria. Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, insistió en los beneficios del proyecto: “Los próximos gobernadores y alcaldes de mi departamento van a tener una posibilidad enorme de recursos para atender necesidades fundamentales, desarrollar proyectos sociales y aplicar políticas públicas que hoy preocupan a los gobiernos actuales”.

Pese a las mayorías que celebró Cristo, hubo varias críticas por la ausencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director de Planeación Nacional, Alexander López, quienes han advertido del riesgo que trae la reforma a la estabilidad fiscal del Estado. El representante uribista Andrés Forero retomó esos argumentos en la plenaria: “Entiendo la voluntad de descentralización de mis compañeros de la Cámara, pero no puedo acompañar un proyecto que pone en grave riesgo la sostenibilidad fiscal. Es lamentable que el ministro Cristo, además de ayudar a destruir el sistema de salud, promueva la quiebra del Estado”. Katherine Miranda, de la Alianza Verde, lo respaldó. “Esta reforma, así el ministro se burle, quiebra al Estado y ustedes están cayendo en un juego preelectoral”. Según Miranda, la reforma podría costar “entre 218 billones de pesos y 263 billones de pesos, que equivalen a cerca del 7% del PIB. No es un monto pequeño”.

En un documento del Ministerio del Interior se explica que la reforma está pensada para no tener el impacto fiscal que sus críticos le atribuyen. “No solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones. También ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de una ley que redefina las competencias de la Nación y los territorios. Más plata para las regiones, pero también más obligaciones. La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero. No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales”. La ley de competencias definirá quién tiene la razón.